Ha sido inmensa la ola de indignación desatada tras conocerse la sentencia del juicio contra La Manada. Contra esos cinco machos valerosos y ejemplares capaces de acorralar a una joven en un zaguán y tratarla como un objeto para su goce, una muñeca hinchable, un juguete sin alma; algunos de ellos desafortunados e indignos integrantes de cuerpos policiales que están para defendernos no para destruir vidas, para abusar y violar, aunque los jueces no lo consideraran así en una muestra de escasa empatía hacia las mujeres y la violencia que tantas sufren cotidianamente. En las calles y en sus casas.
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Nada más conocerse su contenido, decenas de miles de personas se lanzaron a las calles y plazas de toda España, muchas también en Canarias, para mostrar su plena solidaridad con la víctima y expresar su profundo y razonado rechazo a una sentencia que supone un retroceso en el largo camino para conseguir la plena igualdad de mujeres y hombres.
Y que establece, de alguna manera, que las mujeres pueden elegir entre el heroísmo, resistiéndose con todas sus fuerzas a sus crueles agresores, aunque ello les suponga (como ha ocurrido en tantos casos) la muerte, o en arriesgarse a que su conducta ante una agresión sexual sea considerada tibia e insuficiente por los jueces, sirviendo como atenuante para los torturadores.
Segregación. Pocas semanas antes otra sentencia nos dejaba también negativamente impactados. Me refiero a la del Tribunal Constitucional rechazando el recurso del PSOE contra la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y avalando que se subvencione con dinero público a aquellos centros escolares que segregan por sexos (los niños con los niños, las niñas con las niñas) y también otros aspectos de la referida ley, como la alternativa obligatoria a la asignatura de Religión que, aunque resulte extraño, es evaluable.
Me llama la atención como en uno y otro caso, pero especialmente en el primero reseñado, el de la descerebrada y misógina manada, algunos hayan puesto el grito en el cielo por las protestas ante sentencias claramente ideologizadas y marcadas por el conservadurismo y el machismo de los que las han redactado. Como si las sentencias no pudieran ser criticadas y constituyeran verdades poco menos que sagradas e incuestionables. De eso, nada.
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La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) destacó en un comunicado que «se trata de una sentencia rigurosa y garantista en cuanto al respeto de los derechos de los acusados y en la que el sentir mayoritario de la Sala se muestra respetuosa y empática con la víctima». Pero, al mismo tiempo, considera que «se realiza una calificación jurídica de los hechos probados que, en un contexto determinado en el que cinco hombres adultos introducen a una mujer de 18 años en un rellano y le practican todo tipo de vejaciones sexuales sin su consentimiento, excluye la existencia de intimidación y con ella del delito de violación tal y como éste es entendido en nuestro Código Penal».
Asegurando la AMJE que esto último es lo que ha generado el desconcierto y el malestar social, y que «detrás de esta quiebra se encuentra en la pervivencia de ciertos prejuicios y estereotipos ligados al género que, de la misma manera que afectan al resto de la sociedad, atraviesan también la forma en la que se interpretan y aplican las normas jurídicas».
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Sensibilidad.Algunos en los más diversos foros han mostrado una enorme sensibilidad hacia el respeto a los jueces y al sistema judicial, que han considerado puesto en cuestión con las públicas reacciones ante la sentencia. Mientras que, al mismo tiempo, rebajaban a casi nada su empatía con la víctima, con la mujer agredida por esos varones que representan lo peor de esta sociedad. Esos machotes que tienen una visión de la sexualidad –no sé si formada en el porno más descarnado y violento, carentes en todo caso de una integral educación afectiva y sexual- en la que las mujeres son solo objetos, agujeros y recipientes que pueden ser tomados a voluntad cuando, donde y como les apetezca a ellos para satisfacer su exclusivo placer.
Una visión en la que podría parecer que llega a coincidir el juez que emitió su más que polémico voto particular a la sentencia, Ricardo Javier González. Y que fue mucho más allá que el resto. No solo no consideró los hechos como una violación sino que ni siquiera entendió que mereciera la calificación de abuso; vio placer en la víctima y ambiente de jolgorio y festivo. Lo que pone los pelos de punta sobre cuál es su consideración de la relaciones entre los hombres y las mujeres, que seguro que comparte con muchos otros hombres, pero que en su caso es, si cabe, aún más aberrante. Porque tiene la potestad de impartir justicia.
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Las declaraciones del ministro, Rafael Catalá, señalando que «todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe», añadieron más leña al fuego. ¿Se sabía desde las altas instancias que el juez no estaba en condiciones, que no tenía el suficiente equilibrio personal para ejercer? ¿Nadie hizo nada para evitarlo? Al margen de que no estamos ante un problema individual sino a concepciones del mundo que menosprecian a las mujeres y son incapaces de empatizar con su situación.
El machismo está muy impregnado en el conjunto de la sociedad. En todas sus fibras y esferas. También en la judicatura, pero no solo. Pese a los avances experimentados, sigue habiendo marginación de las mujeres en las empresas, en las iglesias, en la política, en la vida cotidiana.
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Las masivas y alegres manifestaciones del pasado 8 de marzo, con una importante presencia de jóvenes, causaron una enorme impresión dentro y fuera de España. Por la capacidad de movilización y la rotundidad de una protesta exigiendo igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Los hechos posteriores, entre ellos las dos sentencias reseñadas, confirman que el camino para superar la actual y discriminatoria situación que sufre la mitad de la población es tortuoso y largo. Y, con toda seguridad, plagado de avances y retrocesos.
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