El pulso entre Fernando Clavijo y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Vicente Garrido se recrudeció hace unas semanas. La sospecha que ha tenido siempre Clavijo es que Garrido, en resumidas cuentas, obró de mala fe orquestado por decisiones superiores que le dictaron desde Madrid. Y que podría haber un supuesto delito de prevaricación por omisión del que el Ministerio Público debe responder ante el Tribunal Supremo. Son palabras mayores más allá del silencio que ha imperado estas semanas en torno al caso Grúas. Dicho en plata, de confirmarse, por parte de Clavijo no solo es un cuestionamiento íntegro al funcionamiento de la separación de poderes sino que evidenciaría (alcanzando el interés a nivel nacional) de que la Fiscalía está contaminada en el día a día y viciada en su funcionamiento. Es grave y preocupante lo que apuntó el jefe del Ejecutivo.
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Si Clavijo sostiene que ha habido una falta voluntariosa de celeridad y un retardo malicioso a cuenta de empatar el pronunciamiento de la Fiscalía con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias, su defensa debe presentar la querella a la mayor brevedad. Ya, sin alargarlo y de cualquier modo antes de que el TSJC resuelva el recurso de súplica. Es una cuestión de congruencia porque más allá de lo que haya hecho presuntamente Garrido, el caso Grúas sigue su itinerario y tendrá que ventilarse jurídicamente sin perjuicio de la denuncia que vierte el presidente del Gobierno sobre la actuación de la Fiscalía. Y si no teme ser investigado (el imputado de siempre) en el caso Grúas debe darle igual que la causa sea ejercida desde el TSJC o por el juez natural que le corresponde al no disponer ya de la condición de aforado. ¿Qué más le da? ¿O es que acaso en el TSJC sí había posibilidad de un archivo rápido que en el tribunal ordinario se le antoja imposible? Porque entonces el problema es radicalmente otro y las sospechas se tornarían, ahora sí, en su contra y no de Garrido: ¿hubo un arreglo político apalabrado que quebró en Madrid con el éxito de la moción de censura que trastornó la línea de informe de la Fiscalía?
Por supuesto, permanece tan intacto el derecho a la defensa de Clavijo como el de la presunción de independencia y profesionalidad de Garrido. Pero debe aclararse a la mayor brevedad para tranquilidad de la opinión pública. Aunque lo principal siga siendo lo otro: el caso Grúas que tendrá un final jurídico garantizado por un juez imparcial. Tranquilo de su inocencia, es indiferente que lo conozca el TSJC o el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. Clavijo debe, en función de la línea de defensa que ha mantenido, presentar la querella para que justo no suene a presión o amenaza y calmar un asunto tan delicado que atañe a nuestro Estado de Derecho y que el caso Grúas prosiga. Pero tan inoportuno es enredar la profesionalidad de Garrido y del conjunto de la Fiscalía como desprenderse que en el TSJC sí hay posibilidad de apaños políticos rubricados en Madrid que en un tribunal ordinario no se darían. Llegados a este punto: Clavijo o Garrido. Alguien confunde. Solo uno puede salir intacto. No es serio.
Rafael Álvarez Gil
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