Hace ahora cuatro años unos contertulios salieron al paso de mis, creo que más que fundamentadas dudas, sobre la idoneidad de Fernando Clavijo, nombrado en aquellas fechas, en dura pugna con Paulino Rivero, candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Les decía entonces que me parecía un alcalde normalito, que se limitó a heredar el trono que le dejaba una mucho más habilidosa y experimentada Ana Oramas; que, además, me daba la impresión de que era bastante conservador, y que, pese a mis pequeñas y grandes discrepancias, consideraba a Rivero mucho más cualificado y menos entregado a los poderes fácticos.
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Su respuesta fue contundente. Ellos, aseguraban, conocían en profundidad al todavía candidato. Un aspirante que, por cierto, siendo aún alcalde lagunero ya empezaba a tomar decisiones respecto a la televisión canaria y la conformación de sus órganos directivos, algo cuasi paranormal por no denominarlo de otra forma. Se trataba, decían, de un líder indiscutible, tremendamente progresista y, asimismo, un nacionalista radical. Una mezcla de John Kennedy, Olof Palme y Secundino Delgado, en las precisas proporciones.
Preferiría haberme equivocado por completo en mi inicial diagnóstico, pero creo que me quedé corto. Deseo que los presidentes lo hagan bien, al margen de mi mayor o menor simpatía hacia ellos. Se lo señalé en su momento a Paulino Rivero, cuando accedió a la Presidencia con José Manuel Soria en la Vicepresidencia, deseándole los mayores aciertos pese a que aquel Gobierno CC-PP estaba muy alejado de lo que entendía que precisaba el Archipiélago. Y de mis profundas desconfianzas hacia el segundo de a bordo en aquel Ejecutivo. Claro que, comparado con el actual titular de la Vicepresidencia, Soria es Albert, y no Rivera sino Einstein.
Alcaldadas
Más allá de las impresiones previas sobre aquel alcalde -que, visto lo visto, realizó en su breve periodo al frente del ayuntamiento lagunero algunas presuntas notables alcaldadas, hoy pendientes de la resolución de los tribunales-, empecé a darme cuenta de su trasfondo en una entrevista en un programa de radio en período preelectoral. En ella saqué a debate la Ley Canaria de Educación no universitaria, aprobada por el Parlamento en 2014, y lo que señala su artículo 72.3: «El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto».
Le pregunté a Clavijo qué pensaba hacer al respecto si llegaba a ser responsable máximo del Ejecutivo canario. Como hice con todos los candidatos y candidatas de las diferentes formaciones políticas que concurrían a los comicios autonómicos de mayo de 2015. Logrando muy variadas respuestas, favorables o no al desarrollo de dicha ley en todos sus términos. Alguna disparatada, como la de una candidata que respondió señalando que la ley, aprobada un año antes, resultaba «completamente obsoleta». Al parecer, era más fácil responder eso que reconocer el profundo desconocimiento de esta. Cosas veredes, hoy su grupo la defiende de forma apasionada.
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La respuesta del que muy poco después terminaría siendo presidente del Gobierno de Canarias fue tajante: «Las leyes están para cumplirlas o para cambiarlas». Es una frase que resulta, al menos para mí, muy difícil de olvidar.
Amenaza
La entendí como una especie de amenaza, muy poco velada, de que si él pudiera lo del 5% del PIB en Educación para el año 2022-que forma parte del articulado de una ley, con origen en una iniciativa popular, que, tras un intento de frenazo inicial por parte del Gobierno, terminaron apoyando con sus votos PSOE, CC y Nueva Canarias- iba directamente camino a la papelera. Eso sí, vía modificación legal.
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¿Qué sucedió después? ¿Cuál fue la actitud de su Gobierno con respecto al incremento presupuestario en materia educativa y las obligaciones señaladas en la Ley Canaria de Educación? Justamente lo contrario de lo que dijo en aquella entrevista radiofónica: ni la cumplió ni la cambió.
Esto último, modificarla para rebajar lo establecido en materia presupuestaria, quedaba poco presentable. Hubiese resultado realmente escandaloso en una tierra, la canaria, que se encuentra por debajo de la media española en los distintos parámetros educativos. Que tiene los niveles más bajos de implantación de la educación infantil 0-3 años, esencial para avanzar en equidad en la Comunidad con peor distribución de la riqueza y mayor pobreza. Que sufre carencias en Formación Profesional o en enseñanzas de idiomas. Que, como acabamos de ver en la última EPA, vuelve a formar parte de la cabeza de las comunidades autónomas en abandono escolar temprano, tras crecer 3,4 puntos en solo un año; algo esto último que, seguramente por despiste, olvidó señalar el señor Clavijo en su triunfal discurso.
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Era más fácil no cumplirla, recurriendo a trucos, inventos y falsedades. La realidad es que en los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2019, la Educación apenas supera el 3,6% del PIB canario. Que no se alcanza siquiera el 4% requerido por la Plataforma del 5%, sindicatos, federaciones de Ampas, colectivos sociales y todas las fuerzas del Parlamento de Canarias, sí, todas, incluida CC. Y que esa falta de progresividad anual hace cada vez más difícil su cumplimiento en 2022, cuando faltan apenas tres ejercicios presupuestarios.
Cuando la legislatura afronta su último tramo es cierto que el educativo no es el único tema grave que padece esta tierra y su ciudadanía. Una Canarias líder en pobreza y en exclusión social, así como en desempleo y en bajos salarios y reducidas pensiones. Que tiene la peor aplicación de la ley de la dependencia. Junto a los problemas que origina un modelo de desarrollo insostenible y sin el menor futuro. Los variados errores de este Gobierno los pagará esta sociedad que seguirá viendo como se refleja su atraso en los más diversos parámetros, estudios y clasificaciones, prolongándose en el tiempo. Con la responsabilidad política de algunos y la complicidad mediática, por encubrimiento y blanqueo, de otros.
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