Miles de pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar en los años más duros de la crisis porque no podían hacer frente a sus pagos. Millones de autónomos han visto cómo, desde 2007, sus rentas bajaban y tenían que aceptar peores condiciones laborales sin que la presión fiscal aflojara su situación. Y millones de trabajadores por cuenta ajena han visto reducido su sueldo y su poder adquisitivo mientras en las nóminas aparecía inexorablemente el descuento por su aportación a Hacienda.
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Durante esta crisis asistimos atónitos a la amnistía fiscal que ideó el Gobierno de Rajoy y que ejecutó el ministro Montoro. El Partido Popular premió a los grandes defraudadores -aquellos que habían hecho lo indecible por ocultar su patrimonio y librarse de pagar impuestos– haciendo que pagaran solo el 3%, un 44% menos que un contribuyente común.
Mientras afloraron cientos de casos de corrupción, robos propios de una «organización criminal» a las arcas públicas, el PP arremetía contra la economía sumergida como quien se enfrenta a la Pérfida Albión, desprestigiaba a los funcionarios, desmantelaba la enseñanza, privatizaba la sanidad, recortaba en I+D+I, se olvidaba de la Ley de Dependencia y minimizaba los recursos a la solidaridad.
Ahora el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la amnistía, pero no tendrá efectos retroactivos y, a lo que parece, tampoco políticos porque dejar que el PP se conchabara con los grandes defraudadores nos permitió evitar el «rescate» de Europa. Como buenos utilitaristas, los populares se saltan la Constitución cuando les conviene. Ya tienen algo para entenderse con la Generalitat de Cataluña.
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