Una sentencia real

La absolución de la infanta y la condena de su esposo, es un triunfo de la Justicia, de la independencia de poderes y un signo de madurez de la democracia española. Hoy podemos decir que el sistema funciona, con sus errores y con sus injusticias, pero confirma que la Justicia es igual para todos a pesar de que muchos han intentado que sea diferente. Nadie en creía que una infanta de España llegara a sentarse en el banquillo de los acusados, que un miembro de la familia real fuese juzgado y condenado. Hoy, la sentencia de la Audiencia de Palma es una auténtica bocanada de aire fresco para la democracia española, tan necesitada de gestos que limpien años de dejación democrática, de autocensura y control de las instituciones nacidas en el 78, y no lo dudo, con la buena intención de proteger el patrimonio de la Transición. El caso Nóos, y ahora la condena, discutible en la cuantía de las penas y en la argumentación jurídica, abrió en canal una institución protegida por el llamado régimen del 78, al que tanto debemos y que tanto ha retrasado el desarrollo de una sociedad más abierta y democrática. Quizá no valoramos el lento descrédito que sufría en la sociedad española la monarquía juancarlista a la que avalaba la hazaña de sacar a un país de la dictadura y llevarlo a la democracia, una gesta casi obligada en una sociedad cansada de la falta de libertad, y su posición en el 23F donde defendió de nuevo el sistema de libertades. El tiempo se encargó de diluir esos réditos y romper el cinturón de seguridad que se autoimpuso la sociedad española con el monarca. Sus errores, su disoluta vida privada y la corrupción permitida y, sospechosamente, protegida por el monarca en plena crisis económica, terminaron de enterrar el prestigio, hasta el punto de obligarlo a la abdicación y a su hijo, el nuevo rey, reducir a la mínima expresión la familia real, él mismo, su esposa y sus hijas. Este proceso judicial ha tenido consecuencias impensables para la Monarquía, a la que hay que añadir el daño familiar incalculable y el propio exilio de la infanta que ha tenido que abandonar su círculo familiar, su casa y su país. Después de este proceso nada es igual para la Casa Real como institución que ahora se tendrá que ganar a los españoles con un esfuerzo de dignidad para sobrevivir al tiempo en el que los reyes son cosa de papel cuché, de series históricas y cuentos de hadas. Y nada será igual para los ciudadanos que han presenciado cómo la primera institución que se implicó en el cambio político de este país después de una dictadura de cuarenta años era sometida a una auditoria social de la que ha salido reforzado el sistema de división de poderes y con el mismo la democracia. Este es el mismo proceso de depuración que ha sufrido otra gran institución, la banca y el que deben sufrir aún los partidos políticos, el sistema electoral y la Justicia. En la sentencia triunfan las tesis jurídicas de la Fiscalía del Estado absolviendo a la Infanta. No es una cuestión que ponga en duda el valor del fallo judicial y su trascendencia. El caso hay que valorarlo en su conjunto y en el ámbito judicial y extrajudicial. La infanta y su familia ha sido sometida a un proceso justo, dentro de la legalidad, garantista y ha revelado a los españoles un modelo de vida, que podrá ser legal o jurídicamente no punible, pero, a todas luces, indecente. La forma de ganar dinero público por parte de Iñaki Urdangarin, con expolio explícito de lo público, con abusos de posición en la sociedad y en la política por ser yerno del rey, con una empresa opaca, hurtando impuestos a los españoles, está condenada en la sentencia. El modo de gastar ese dinero, en el que hay que incluir a la Infanta, también conduce al escándalo. Ganaban dinero ilícitamente y lo gastaban de forma escandalosa. Ese es el patrimonio del proceso judicial y es casi un castigo justo, en este caso, la pena de telediario sufrida por la Infanta, ya que no la penal. Pero es más, la infanta se lucró, y eso si lo reconoce la sentencia como hecho probado, y la condena a reponer casi trescientos mil euros, aunque no sabía cómo ganaba ese dinero su marido, una estrategia de defensa que, posiblemente no tiene nada que ver con la realidad.

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• Caso Nóos