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Una familia pide 7,8 millones por un solar del vertedero

G.H.M./A.F.G

Lunes, 20 de julio 2020, 07:19

Una disputa de 7,8 millones de euros. Ese es el pleito que mantiene desde 2005 la familia Domínguez por una parcela de 32.488 metros cuadrados expropiada para la ampliación de los terrenos del vertedero del Salto del Negro. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo obliga a un segunda tasación de los terrenos. La Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra una sentencia dictada en junio de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Los propietarios de una parcela de 32.488 metros cuadrados en el Salto del Negro habían conseguido que se les reconociera el derecho a una segunda tasación de los terrenos, expropiados para incorporarlos al recinto del vertedero municipal, y el Ayuntamiento consideraba y considera que ya se les ha pagado el valor total del suelo. La familia Domínguez reclama por esos terrenos un total de 7.774.898,21 euros, el precio propuesto para la segunda tasación que ahora tendrá que llevar a cabo el Jurado de Expropiación Forzosa, en aplicación de la sentencia del alto tribunal. El Ayuntamiento considera que los terrenos ya están pagados, y mantiene que su valor real se limita a 1.639.484,13 euros, la cantidad que ya ha sido desembolsada, por lo que no habría que abonar ninguna otra cantidad. La diferencia entre ambas cifras, aún no resuelta, ronda los 6,2 millones de euros. La sentencia que confirma ahora el Supremo anula el acuerdo de la Junta de Gobierno municipal de agosto de 2007, cuando era responsable de Urbanismo Carmelo Padrón, que rechazó la pretensión de una segunda tasación. La discusión se inició por el retraso del Ayuntamiento en abonar el justiprecio fijado el 13 de abril de 2005, fecha que marca el inicio del cómputo de los dos años de plazo para liquidar el procedimiento. La Corporación municipal procedió a consignar el justiprecio el 24 de abril de 2007, y en el proceso, tanto el TSJC como ahora el Supremo reconocen el derecho de los propietarios a una segunda valoración por haberse superado los dos años de límite para pagar. El caso depende ahora de un nuevo pronunciamiento del Jurado de Expropiación Forzosa.

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