Tindaya acaba otra legislatura sin avances

El proyecto del escultor Eduardo Chillida para la montaña majorera de Tindaya verá agotar otra legislatura sin que se mueva una piedra. Los ecologistas de Ben Magec consideran que, en la actualidad, el expediente carece de cobertura legal porque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) caducó el pasado verano.

Ben Magec Ecologistas en Acción ha presentado un escrito a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en el que pide la «expresa declaración de caducidad» de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto monumental Montaña de Tindaya. Argumenta para ello que el plazo de cinco años establecido en el propio informe como condicionante para que se iniciaran las obras expiró en julio del pasado año 2014, según explicaron la portavoz de los ecologistas, Noelia Sánchez, y el arqueólogo Pepe Guillén.

Es un escollo más de los que han plagado el proyecto de Chillida en las últimas dos décadas. Comenzó a gestarse en 1995 y se han gastado millones de euros. En 2011, la familia del escultor, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura constituyeron una fundación que sería la encargada de licitar la obra. En aquel momento, el objetivo era iniciar los trabajos en 2013.

Los representantes ecologistas detallaron ayer que la declaración de impacto se aprobó el 29 de mayo de 2009 y que «no consta» que se hayan impulsado los trámite para pedir una eventual prórroga de la vigencia y validez de la misma. En cualquier caso, indican que la prórroga debería haberse demandado antes de que concluyera el plazo establecido. Afirma el colectivo ecologista que «una hipotética solicitud posterior no podría, por sí misma, revivir un acto caducado que ha devenido inexistente para el ordenamiento jurídico».

Para Ben Magec, es claro que una vez vencido el tiempo establecido en la declaración de impacto, se tendría que realizar un nuevo procedimiento administrativo. Ante este escenario, y por el desembolso adicional que supondría para las arcas públicas, los ecologistas piden al consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, que «cese en su empecinamiento» de continuar adelante con el proyecto de Chillida, que ya ha costado casi 25 millones de euros a la Comunidad Autónoma «sin mover una sola piedra», además de los 76 millones que supondría ejecutar la obra.

Al respecto, Guillén considera que la caducidad de la DIA es motivo suficiente para pedir al Gobierno que abandone este proyecto no sólo porque «hasta ahora no ha habido responsables políticos ni legales del desfalco» que entienden se ha producido al erario público, sino por el elevado valor natural y cultural de la montaña de Tindaya.

Aseguran los ecologistas que, dados los términos «rotundos y terminantes» en los que está redactado el condicionante que liga el plazo de vigencia de la Declaración de Impacto al inicio de los trabajos, la caducidad «opera inmediatamente» por el mero transcurso del tiempo establecido. Por eso, añaden, procede que sin más trámite se reconozca expresamente el incumplimiento del plazo fijado para que empezaran los trabajos y la consiguiente declaración de caducidad de la declaración de impacto.

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