Subida de impuestos para frenar la sanción de la UE
El Gobierno en funciones va a presentar hoy mismo a la UE un paquete de medidas para atajar el déficit, entre las que está una notable subida del Impuesto de Sociedades para recaudar 6.000 millones más. El objetivo es que Bruselas rebaje "hasta cero euros" la sanción a España por incumplimiento.
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Pese a la promesa electoral de Mariano Rajoy de rebajar la presión fiscal, el Gobierno español en funciones anunció este martes una nueva subida de impuestos para poder cumplir en 2016 con el techo de déficit pactado con Bruselas e intentar rebajar todo lo posible la sanción que el Ecofin decidió este martes imponer a España por no haber tomado "medidas efectivas" para corregir el desvío entre gastos e ingresos en el ejercicio de 2015. Dentro de las alegaciones que el ministro de Economía, Luis De Guindos, va a presentar hoy mismo, primer día del plazo para las alegaciones contra la apertura del proceso sancionador, se encuentra un paquete de medidas que incluye la subida del Impuesto de Sociedades -a partir de un umbral aún por definir- que tendrá que ser aprobado por el próximo Gobierno una vez que arranque la legislatura, lo que supondrá un incremento de recaudación de 6.000 millones. El Ejecutivo espera obtener otros 1.000 millones extras por la lucha contra el fraude y calcula que se puede ahorrar otros 1.500 por la reducción de los intereses de la deuda. Con ello, España confía en neutralizar -"reducir a cero", según De Guindos- la sanción que los ministros de Economía y Finanzas de la UE decidieron activar este martes contra España por superar el techo de déficit. El Ecofin adoptó el dictamen negativo de la Comisión que acredita la poca efectividad del Gobierno español para ajustarse a los criterios de estabilidad pactados, y activó por primera vez el proceso formal para penalizar a un país miembro. Una vez tomada la decisión, Bruselas tiene ahora veinte días para presentar una propuesta que cuantifique la multa, que en función de la contundencia que quiera otorgarle podría alcanzar hasta un máximo equivalente al 0,2% del PIB nacional, lo que supondría unos 2.100 millones de euros y que estaría acompañada por la congelación de parte de los fondos europeos que les corresponden para el año 2017, algo que perjudicaba a Canarias que temía cargar con parte de la multa.
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