Saavedra se postula como el vigilante de la transparencia
El titular del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha enviado al Parlamento un informe jurídico con el que intenta desmontar las objeciones puestas a que dicha institución sea el órgano encargado de vigilar la aplicación de la ley canaria de transparencia, cuando ésta se apruebe.
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«No cabe duda de que el Diputado del Común puede ser el comisionado de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, tal y como venía propuesto en el anteproyecto de ley canaria».
Así de tajante es el tono con el que discurre el informe jurídico y político firmado por Saavedra. Su propósito es que los diputados cambien de nuevo el proyecto de ley en el que el Gobierno renunció finalmente a que fuera el vigilante de dicha ley cuando entre en vigor.
El cambio de posición del Ejecutivo vino dado por los Servicios Jurídicos, que desestimaron convertir al Diputado del Común en el comisionado, tal y como aparecía en el anteproyecto legislativo.
Saavedra suscribe todo un rosario de argumentos, unos estrictamente jurídicos y otros más políticos para rebatir tanto a los letrados de la Comunidad Autonómica como al Partido Popular (PP), que también rechaza que el Común se refuerce con más funciones.
Entre las razones políticas figura el hecho de que la creación de un comisionado «atenta contra la austeridad y contención del gasto público». Por contra, el Diputado del Común «dispone de capital humano y estructura necesaria», así como que «ostenta un origen estatutario, una legitimidad parlamentaria reforzada -necesita tres quintas partes de la Cámara para ser elegido y no una mera mayoría absoluta- y la independencia deseable para la transparencia».
Por otra parte, en el informe firmado por Saavedra se observa que «la creación de un nuevo organismo propiciará el eterno y fatigoso debate sobre dónde ubicar su sede; en el caso de la institución que presido, está fijada en La Palma. Por consiguiente, ahorraríamos en avivar los contratiempos que han distinguido la trayectoria institucional derivada del marco estatutario».
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