Pía Oramas firma la valoración

La Mesa del Parlamento, el 8 de marzo de 2016, pidió al Cabildo de Tenerife los informes de impacto económico y jurídicos que el Gobierno de Canarias echó de menos en el expediente. Según el informe de Planeamiento del Cabildo, firmado por Silvestre García González y por la jefa del Servicio Técnico de Política Territorial, Pía Oramas González-Moro, el costo total de la restauración del barranco ascendería a 360 millones de euros. Cabe recordar que Pía Oramas es hermana de la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Oramas, y estos días es actualidad al declarar en calidad de testigo en el juicio por el caso de Las Teresitas. Silvestre García y Pía Oramas se apoyan en los informes del Ayuntamiento de Güimar. Habría que rellenar de áridos las mordidas de las cinco explotaciones mineras, lo que supondría un movimiento de 23 millones de metros cúbicos de tierra y un coste de 205 millones de euros, más el 7% de IGIG. No obstante, en este informe no se ha valorado el coste del material de rellenos, ni su transporte. Se argumenta también que, como la valoración se realizó en 2010, habría que actualizar los precios, lo que elevaría el coste final. Atendiendo a estos criterios, el informe del Cabildo cifra en 360 millones de euros el coste total de la restauración, que, de ser aprobada por el Parlamento, tras el informe positivo del Gobierno de Canarias, recaería en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. En estos cálculos, el Cabildo de Tenerife, renuncia expresamente a valorar los derechos subjetivos que pudieran derivarse de una reclamación patrimonial por parte de los propietarios de las licencias mineras que se extinguirían al entrar en vigor la ley, aunque apunta a un 20% o 30% de los beneficios de explotación.

clavijo tomó precauciones. La Mesa del Parlamento volvió a remitir al Gobierno el expediente con los informes del Cabildo de Tenerife y la cuantificación económica de 360 millones de euros. El 12 de septiembre pasado, el Consejo de Gobierno volvió a abordar el asunto y, según certificación de la Consejería de la Presidencia, el Gobierno ratificó su anterior acuerdo de 15 de octubre de 2015, en el que, a pesar de los informes negativos de Agricultura, Industria y Hacienda, informó positivamente a la Proposición de Ley del Cabildo de Tenerife. En este último Consejo de Gobierno, se incluye también el informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de 14 de abril de 2016 en el que advierte que, de materializarse la Proposición de Ley que impulsa Carlos Alonso desde el Cabildo de Tenerife, tendría repercusiones presupuestarias en las arcas de la Comunidad Autónoma. Este último informe advierte de que tal circunstancia afectaría a la estabilidad presupuestaria exigida por la Constitución y la sostenibilidad financiera, así como los límites impuestos a los escenarios presupuestarios. Ante la contundencia de este informe del departamento de Planificación presupuestaria es directamente el presidente del Gobierno, el que pide que se modifique el informe inicial para que se incluya una cláusula que advierta que el informe positivo del Gobierno está «condicionado» a que la aprobación de «la Proposición de Ley no derive en perjuicio económico para la comunidad autónoma». Según fuentes jurídicas del Parlamento, las precauciones del presidente no tienen efecto alguno de ser aprobada la Proposición de Ley, ya que está conlleva, inexorablemente, la ejecución de la misma, es decir, la restauración del espacio físico, lo que deriva en un gasto imputable solo al presupuesto regional. Según las mismas fuentes, esta es una coletilla de un informe que busca no vetar el trámite de la Proposición de Ley en el Parlamento, sino todo lo contrario, que se debata en el pleno y que se vote, como así puede ocurrir.

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