No hay cláusula suelo que valga
Varapalo histórico para la banca. Las entidades tendrán que afrontar una factura de entre 3.000 y 5.000 millones de euros para devolver todos los intereses cobrados indebidamente en las cláusulas suelo de las hipotecas antes de mayo de 2013. En Canarias, a los cerca de 100.000 afectados les corresponden entre 150 y 250 millones de euros. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló este miércoles a favor de los consumidores españoles, dejando sin efecto la jurisprudencia española. El Tribunal Supremo ya consideró como abusivas estas cláusulas, al entender que los consumidores no habían sido informados de la carga económica y jurídica que se les imponía, pero fijó en la fecha de la sentencia, el 9 de mayo de 2013, la retroactividad máxima para que su nulidad sólo tuviera efectos de cara a futuro. Luxemburgo ha concluido ahora que esta limitación es contraria a la normativa comunitaria y, por tanto, las entidades financieras deben reintegrar a los afectados por las cláusulas suelo la totalidad del importe que se ha cobrado de más. Las cláusulas suelo fijaban un tope mínimo de intereses que los clientes de contratos hipotecarios debían pagar, lo que ha impedido a los afectados beneficiarse de la caída del Euríbor, principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España. Manuel Fajardo, responsable de Adicae en Canarias, principal plataforma de afectados por las cláusulas suelo, calcula «que la sentencia beneficia a entre 90.000 y 100.000 hipotecados en Canarias». Fajardo entiende que pueden reclamar incluso quienes firmaron en su momento un acuerdo con su entidad bancaria que implicó solo la devolución de los importes de la cláusula suelo a partir de 2013. «Habrá que estudiar caso por caso, pero la sentencia recoge un derecho irrenunciable», recalca. La sentencia, contra la que no cabe recurso, cierra el caso y fija el sentido en que los tribunales españoles tendrán que resolver las miles de demandas por cláusulas suelo que gestionan, unas 70.000 según los bufetes. La banca afronta así la devolución de entre 3.000 y 5.000 millones, según diferentes cálculos de los especialistas. El Banco de España estima el sobrecoste en algo más de 4.000 millones. En Canarias, los afectados podrían reclamar entre 150 y 250 millones.
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