La mitad del alquiler vacacional, fuera de la ley

Casi la mitad de las 28.188 viviendas vacacionales censadas en Canarias se localizan en suelo turístico, lo que las deja fuera de la cuestionada regulación autonómica de esta actividad. Es una de las conclusiones de los esperados informes en los que se apoyará el Ejecutivo regional para revisar la norma recurrida por Competencia.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes hizo públicos ayer los tres informes con el que «por primera vez» se define el peso y el impacto del alquiler vacacional en el destino. Esta aséptica radiografía que solo ofrece datos, y en ningún caso recoge interpretaciones jurídicas servirá de base para iniciar ahora un «debate» que permita consensuar o al menos marcar las pautas al Ejecutivo canario a la hora de afrontar la modificación del decreto que regula esta actividad y que fue aprobado in extremis por el anterior Ejecutivo canario (diez días antes de las elecciones de 2015) que presidió Paulino Rivero. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, se limitó ayer a exponer las principales conclusiones de los estudios elaborados por InAtlas, Técnicos en Socioanálisis y Deloitte que han costado 51.000 euros. Evadió Lorenzo las insistentes preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que las conclusiones de los estudios abran la puerta a la eliminación de las trabas a la comercialización de las viviendas turísticas en el suelo turístico, una prohibición expresa que no recoge ninguna otra legislación autonómica en España. Tampoco se atrevió la consejera, acompañada siempre del viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, a marcar en el calendario la fecha en la que debería materializarse la modificación de la norma. Solo prometió la «máxima celeridad posible». Sabe que el tiempo juega en su contra, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tramita, entre otros, un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra un decreto que, según este organismo, privilegia solo a las empresas turísticas tradicionales, contra los derechos de los propietarios de viviendas vacacionales y la libre elección de los consumidores. Según los informes presentados ayer en el Consejo Canario de Turismo, en noviembre de 2015 se contabilizaban en Canarias 28.188 viviendas vacacionales, que suman 121.847 camas. Casi la mitad (48%) se localiza en micro destinos turísticos, por lo que, con el decreto actual en la mano, están fuera de la ley.