La costa canaria sigue en el limbo

La nueva Ley de Costas, que entró en vigor a finales de mayo, «sólo ha resuelto problemas puntuales» en la Península y «no aporta ninguna mejoría para Canarias», dijo ayer el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, quien auguró que la norma «no tiene más futuro que lo que tarde el Tribunal Constitucional en anularla».

En total 34 ayuntamientos han enviado a la Consejería, para que ésta los remita a Costas, los listados con los núcleos susceptibles de ser incluidos como excepción en la aplicación de la Ley y, por tanto, de la demolición, para lo que la norma daba un plazo de tres meses. Berriel decía ayer en el Parlamento que eran 96 los núcleos enumerados por los ayuntamientos, sin embargo, la propia Consejería rectificaba más tarde y hablaba de 69, aludiendo a un salto de números por parte del consejero. También admitía que el listado que remitió a Medio Ambiente no es «exhaustivo» en la enumeración de los núcleos existentes en Canarias, habida cuenta de que los municipios tienen capacidad competencial para remitir los expedientes directamente al Ministerio de Medio Ambiente por sí mismos, sin necesidad de que la gestión se lleva a cabo a través de los servicios del Gobierno de Canarias.

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