Hacienda investiga la ZEC por fraude

La Agencia Tributaria investiga a fondo las empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC). El fisco tiene constancia de que al menos un centenar de entidades ZEC ni abonaría los impuestos, ni genera el empleo comprometido ni acomete inversiones reales. Las multas rozarían los 5 millones de euros.

Peor final de mandato no podía tener el presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), el socialista Juan Alberto Martín. Tras el triunfo aplastante del PP, el Ministerio de Economía y Hacienda lo relevará en el próximo trimestre. Hasta entonces, Martín soporta la campaña más intensa que el fisco ha imprimido a la ZEC en busca de delitos fiscales cometidos, presuntamente, por la casi totalidad de las entidades que operan en este régimen especial donde el Impuesto sobre Sociedades tributa al 4%, el más bajo de toda la Unión Europea.

Hacienda llevaba al menos dos años mirando de reojo a la ZEC, un área de baja fiscalidad que forma parte de los incentivos canario del Régimen Económico y Fiscal (REF).

En la actualidad, la Zona Especial exhibe con orgullo una tarjeta de presentación en la que las empresas inscritas (que no activas) ascienden a 868, con un compromiso de inverión de 1.578 millones de euros y una tasa de contratación para 12.723 personas, según datos oficiales del organismo público que comparten los gobiernos estatal y canario. Sin embargo, las entidades operativas no pasan de 150, como consecuencia de la prórroga que la normativa establezca para que inicien su andadura. La mayoría se mantiene inerte a la espera de que amaine la crisis.

Por esa razón, la Agencia Tributaria está inspeccionando un listado que abriga un centenar de empresas frente a las casi 900 que declara el consejo rector que preside Juan Alberto Martín.

Incumplimientos. Hacienda inició en octubre el rastreo de los libros de la ZEC al detectar, desde su base de datos, que las entidades operativas no han cumplido, presuntamente, con las condiciones de entrada que exige la Ley del REF en materia de impuestos, empleo e inversión real.

Los requisitos de la ZEC imponen la contratación de cinco personas en las islas capitalinas y un desembolso mínimo de 100.000 euros. Una vez activas, las empresas con beneficios pasan a pagar un 4% por el Impuesto sobre Sociedades. Además, disponen de otros incentivos, como acogerse a la Reserva para Inversiones, bonificaciones para producciones industriales y deducción por inversiones. También están exentas de pagar el IGIC, aunque cunden los convenios de doble imposición para empresas extranjeras y se obliga a declarar la redistribución del dividendo.

El fisco ya ha levantado varias actas de infracción a una decenas de sociedades. Según fuentes conocedoras del caso, las multas rozarían los 5 millones de euros en concepto de devolución del impuesto, sanción e intereses de demora. El consejo rector, que es el estamento que gobierna el ente, ha tratado de llevar el tema con sigilo por orden directa que Juan Alberto Martín, pero la intensidad del plan de inspector ha arrastrado a las empresas afectadas a contratar los servicios de abogados y asesores fiscales.

Hacienda estima que el Consejo Rector debería apostar por estrategias más rígidas en el seguimiento a las entidades. De hecho, desde la llegada de los socialistas a la ZEC (primero, Juan Romero Pi y, ahora, Juan Alberto Martín), el volumen de empresas ha subido ostensiblemente.

La etapa más intensa se produjo este año, pese a la agudeza de la crisis. A comienzos de 2011, el número de empresas autorizadas llegaba a 421; nueve meses más tarde, se disparaba a 868. Martín ha basado lel éxito de su mandato en aceptar el mayor número de sociedades, con el fin de acreditar la gestión y dar robustez a la expediente de revisión con la Unión Europea.

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