Hacer leyes dejará de estar acotado a los diputados
Los máximos responsables del Parlamento quieren dar un salto definitivo a la transparencia. La Mesa acaba de aprobar un plan en el que se contempla, entre otras cosas, la participación ciudadana en los procesos legislativos, así como la publicación de toda la información que se genere.
El Parlamento se ha empezado a asomar a la transparencia de forma tímida y desordenada. La escasa información publicada en su web institucional no está actualizada, salvo la contabilidad de los grupos parlamentarios y los nombres de los nuevos diputados, y los datos no están en formatos reutilizables.
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Pero el letrado Juan Ignacio Navarro ha elaborado el Plan de Transparencia y Participación Ciudadana -adjunto a esta información- y la Mesa se lo aprobó el 15 de diciembre del año pasado sin que lo haya difundido.
Navarro explica que el plan se soporta sobre dos puntos: la publicación de la información y la participación ciudadana.
A ésta última, el documento hace multitud de referencias desde el primer año de vigencia, de tal forma que en 2016 se prevé «implementar en la web una plataforma on line de participación ciudadana en el procedimiento legislativo».
«Se seleccionarán iniciativas legislativas en función de su impacto social -explica el director del plan-, las aportaciones se harán antes del trámite de presentación de enmiendas de tal forma que se permita a los diputados incorporar las aportaciones ciudadanas al proceso». Además, las propuestas se harán públicas en un foro y se mantendrán para aquél que quiera consultarlas después.
La referencia en este sentido es la plataforma ADI, que utiliza el Parlamento Vasco y Juan Ignacio Navarro subraya que, en cualquier caso, «no se trata de sustituir a los diputados, sino de mejorar su trabajo y de implicar a la ciudadanía».
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El otro pilar importante del plan es la publicación de la información. Al respecto, «en mi opinión toda la información debe de ser concebida como pública -apunta Navarro- y la que no lo sea, que esté motivada».
En este sentido y en lo referido a las retribuciones, el letrado opina «a título personal» que se «debería ir al máximo nivel», esto es a identificar las percepciones que reciben los diputados como sucede en los países nórdicos. También a difundir lo que obtienen los empleados públicos, aunque matiza que, a mayor responsabilidad, mayor debiera ser el detalle.
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En cualquier caso, la información publicada debe de ser «accesible» y «clara», traduciendo el lenguaje jurídico y normativo por otro más didáctico y que facilite su comprensión.
Juan Ignacio Navarro indicó que se está trabajando con organizaciones de personas con discapacidad para decidir qué sistema se empleará para llegar a esta parte de la sociedad.
Uno de los principios de la información publicada será el uso del formato libre y abierto. Son varios los órganos legislativos nacionales que los emplean. En el caso de Canarias, hay personal cualificado que trabaja para el Parlamento; «el desarrollo de un sistema propio puede ser una opción», indica el director del nuevo plan.
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