El presidente Rivero lamenta la actitud del Rey Felipe
Con el barco de Repsol a unas 60 millas de la costa de Lanzarote y Fuerteventura taladrando el fondo marino, el presidente del Gobierno de Canarias volvió a embestir contra el «ministro del petróleo», el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y las «altas instancias del Estado» -no desmintió que se estuviera refiriendo al Rey Felipe VI- por haber llegado hasta esta situación.
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En concreto, Paulino Rivero consideró que «las altas instancias del Estado y el presidente del Gobierno de España debían de habernos prestado más atención» y «no mirar para otro lado», entre otras cosas porque rescató el riesgo de la «desafección» que tanta polémica levantó en su día.
Sin embargo, de la Casa Real Rivero no recordó que aún estuviera esperando por la cita solicitada, pero sí lo hizo con Rajoy. «En Cataluña se vulnera la legalidad -afirmó- y la respuesta que reciben es una visita amable de Rajoy. En Canarias cumplimos escrupulosamente la legalidad y ¿qué recibimos como respuesta? las Fuerzas Armadas», denunció, evocando el abordaje de la lancha de la Armada contra una embarcación de Greenpeace.
Paulino Rivero negó que el rechazo frontal a las prospecciones se desarrollara en el entorno de una «confrontación de los intereses de España y los de Canarias». Puntualizó: «no es eso, son los interesas de una empresa privada frente a los canarios que sólo quieren vivir en paz y que les dejen tranquilos».
Al respecto, Rivero acusó al ministro competente en Industria, José Manuel Soria, de haber «armado un expediente chapucero» desde hace tres años, cuando anunció que habría prospecciones en las aguas cercanas a Canarias.
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En consecuencia, el jefe del Ejecutivo autonómico concluyó que «se trata de una decisión política tomada en connivencia con Repsol» que, además es, en su opinión, «discriminatoria». Para ello tomó el ejemplo de cómo el ministro ha actuado con Baleares y Málaga; «hay una decisión política para armar otros expedientes en sentido contrario al de Canarias», denunció.
El argumento expuesto llevó a Paulino Rivero a dar sentido a su teoría del «trato colonial» que viene desarrollando en los últimos meses.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo canario deslizó la posibilidad de que las prospecciones generen «intranquilidad con nuestro vecino de Marruecos», al llevarse a cabo sobre aguas cuya soberanía no está aún reconocida de forma expresa.
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A pesar de ello, Rivero trasladó en su declaración el mensaje del «expolio» de los «recursos que pertenecen a Canarias», al recordar la Ley de Aguas Canarias, aprobada el 30 de diciembre de 2010. En ella se establece que la Comunidad Autónoma es competente en un «contorno perimetral» que se traza «entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes» del archipiélago.
En este marco, el presidente acusó al «Gobierno de España» por permitir el «asalto» y el «hurto» por parte de una «empresa privada a los recursos que son de los canarios», culminando el cúmulo de «despropósitos».
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