El expediente a Club Lanzarote prevé una multa de 1,7 millones

El Cabildo dio a conocer este pasado jueves el expediente sancionador que se abrió a Club Lanzarote, por la venta presuntamente ilegal de agua, al carecer de la concesión administrativa del servicio público. En dicho documento sancionador se propone exigir a la empresa afectada el cese de actividad de la venta de agua a terceros; así como el precinto de las infraestructuras a través de las cuales se ejerce dicha actividad, si bien se aclara que «se deberá estar al interés general de continuar manteniendo el servicio».

Además, y con el fin de evitar el desabastecimiento de la población de Montaña Roja, a la que esta empresa venía abasteciendo sin los permisos habilitantes, se establece en el expediente la exigencia a la empresa de que realizara las obras de conexión a la red general de abastecimiento de agua. Asimismo, el instructor del expediente acuerda «exigir a Club Lanzarote la obligación de restituir la totalidad de ingresos ilícitamente obtenidos por la venta de agua durante 15 años, ingresos que se estiman en 1.734.647 euros, sin perjuicio de que con posterioridad se constate que los beneficios ilícitamente obtenidos fueron superiores».

Este expediente sancionador, según explicó ayer a través de una nota el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, fue uno de los argumentos que llevaron al Consejo de Aguas a incautar cautelarmente las plantas desaladora y depuradora propiedad de Club Lanzarote, en septiembre del pasado año, de forma cautelar, mientras se ejecutaba la obra de conexión a la red general, para evitar el desabastecimiento de los vecinos de Montaña Roja. Plantas, que como se informó inicio de semana, el Juzgado ordenó que se devolvieran al propietario, Club Lanzarote.

En relación con la desaladora, además, San Ginés anunció ayer que el pleno especial, pedido por la oposición, para estudiar la polémica incautación de la planta, será pasado el 23 de octubre. Ese día deberá declarar el secretario de la primera Corporación en el Juzgado, como imputado, al asesorar al presidente para que se incautara la instalación, al tratarse de una infraestructura de servicio público.