Dimas Martín y Batllori serán juzgados en octubre y noviembre

La Audiencia Provincial juzgará a Dimas Martín y Francisco Rodríguez Batllori entre octubre y noviembre. La Fiscalía pide seis años de prisión para el primero y ocho para el segundo, por supuestos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración. El plenario que enjuiciará al expresidente del Cabildo y exlíder del PIL, Dimas Martín; y al exconsejero de Empleo y exviceconsejero de Justicia del Gonbierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, será llevado a cabo por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a caballo entre Arrecife y Las Palmas, a finales de octubre y comienzos de noviembre. El proceso se repartirá entre ambas islas y todo apunta a que las testificales de los testigos e imputados se realicen en Lanzarote; dejando para las sesiones de Las Palmas de Gran Canaria, los informes de los peritos, según ha podido saber este periódico. El juicio tendrá lugar después de que la Audiencia Provincial avalara en todos sus extremo, el pasado diciembre, el auto de apertura de juicio de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, como una de las piezas separadas del caso Unión, que se investiga desde hace más de un lustro. La Fiscalía pedirá seis años de prisión para Dimas Martín y ocho para el ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco José Rodríguez Batllori, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración. En el escrito del fiscal se piden, para Dimas Martín, tres años de prisión como autor responsable de un presunto delito continuado de fraude en concurso medial, con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, por la facturación de trabajos supuestamente no realizados en el Ayuntamiento de Arrecife; y otros tres años por los mismos delitos, por facturar trabajos no realizados supuestamente a la empresa pública de aguas Inalsa. Las mismas penas se piden para Batllori, pero en este caso la Fiscalía añade dos años más de prisión por un supuesto delito continuado de falsedad en documento mercantil. También se piden cinco años de cárcel por prevaricación y malversación, para la edil de Arrecife, María Luisa Blanco, y los antiguos responsables de Inalsa Plácida Guerra y el exgerente Rafael Elorrieta.

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