Los vigilantes reclaman en la calle «un salario justo»

Más de 1.000 personas, según los sindicatos convocantes -UGT, CC OO, USO, Alternativa Sindical e IC- y unas 400 según fuentes policiales se manifestaron ayer en las calles de la capital grancanaria contra la política laboral de Seguridad Integral, Marsegur y Sinergias.

Las tres empresas, denominadas piratas por los trabajadores, se descolgaron del convenio colectivo del sector en el año 2012 y aplicaron uno de empresa, que en la práctica supone un recorte salarial del 30%. Sus empleados cobran 700 euros frente a los 1.200 del convenio sectorial. Diversas sentencias, incluido el Tribunal Supremo, respaldan a los trabajadores y obligan a las empresas a pagar según el convenio estatal y a abonar lo adeudado desde 2012.

Los sindicatos aseguran que solo se ha abonado un tercio de lo adeudado y por eso decidieron ayer salir a la calle. Desde la empresa se afirma que se ha pagado gran parte del dinero.

Además de la manifestación, que salió de la Ciudad de la Justicia a las 9.30 de la mañana, los sindicatos convocaron ayer una huelga de 24 horas que tuvo escaso seguimiento. Los trabajadores lo achacaron a unos servicios mínimos «abusivos» del 96% y que, según denunciaron, se vieron incrementados hasta el 98% de forma ilícita por las empresas. «La práctica totalidad de los vigilantes que han podido ejercitar su derecho a la huelga lo han hecho», indicó ayer el secretario general de CCOO de Construcción y Servicios de Canarias, José Manuel Ojeda.

Como muestra indicó que de los 26 vigilantes a los que no se impuso ayer servicios mínimos, solo cinco habían acudido a trabajar. «En vista de estos datos secundó el paro el 80% mientras que un 20% fue a trabajar», indicó. Frente a esta posición, el Sindicato Independiente de Seguridad Integral Canaria en Las Palmas, organización que tiene 17 de los 21 miembros del comité de empresa, remitió a última hora de ayer un comunicado en el que dejaba constancia del escaso seguimiento del paro. «Ha fracasado porque los trabajadores se han dado cuenta de que serían los principales perjudicados de la estrategia en marcha desde hace ya tiempo. De una plantilla actual en torno a 700 trabadores en la provincia, tan sólo 20 han secundado la convocatoria, lo que no alcanza ni el 3% de seguimiento», reza en la nota.

Esta organización acusó ayer a los sindicatos convocantes de la huelga de «dañar la imagen de Seguridad Integral» y beneficiar a las empresas competidoras. «No reparan que al final los más perjudicados pueden ser los propios empleados. Frente a esta estrategia destructiva tan concreta, el Sindicato Independiente se congratula de la confianza que proveedores y entidades públicas siguen manteniendo en la empresa y que es clave para el mantenimiento de los puestos de trabajo», señala el sindicato, que asegura que Seguridad Integral está al corriente de los pagos.

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