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Canarias gravará las bebidas azucaradas y la bollería

El Gobierno de Canarias trabaja en la creación de un impuesto en el Archipiélago que grave las bebidas azucaradas y al bollería como forma de reducir las altas tasas de sobrepeso y obesidad. Cataluña ha estrenado esta semana este impuesto -aunque solo sobre las bebidas- que está avalado por la Organización Mundial de la Salud.

Martes, 21 de julio 2020, 15:35

El Gobierno regional introducirá este nuevo impuesto dentro de la reforma integral del sistema tributario de Canarias en la que está trabajando y que prevé llevar el próximo año al Parlamento regional. Entonces entrará en vigor el nuevo impuesto a los azúcares, si bien la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, indicó ayer que si hubiera urgencia podría aprobarse vinculado a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma (tal y como ha hecho Cataluña).

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En cualquier caso, el Ejecutivo regional defiende su aplicación para reducir el consumo de bebidas azucaradas y bollería industrial y atajar los niveles de obesidad y sobrepeso entre los isleños. Según los datos del Gobierno, cuatro de cada diez isleños mayores de 18 años tiene sobrepeso (el 37,1% tiene sobrepeso y el 17,1% es obeso). Entre los menores baja el ratio pero las cifras son también preocupantes: el 16,3% tiene sobrepeso y el 10,6% es obeso.

«Los datos ponen en evidencia la necesidad de tomar medidas», señaló Dávila, quien recalcó que es la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) quien recomienda este gravamen para incentivar hábitos de consumo saludables.

En este punto, Dávila indicó que el objetivo del Gobierno de Canarias con este impuesto no es recaudatorio. «Su aplicación no va a suponer un aumento notable de la recaudación en las Islas pero sí será eficiente a la hora de fomentar una cultura de la alimentación más saludable», manifestó.

«La OMS apunta en diversos informes que es una herramienta eficaz para disuadir el consumo de alimentos con altas dosis de azúcares y disminuir la obesidad», señaló la consejera.

Según manifestó, algunos estudios indican que con esta tasa el consumo de productos azucarados y la bollería industrial baja hasta un 20%.

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El Gobierno de Canarias ya ha designado a los representantes de las patronales, sindicatos y universidades que abordarán la reforma del sistema fiscal de las Islas y en la que se incluirá la tasa sobre los azúcares.

La comisión que se encargará de esta «modificación profunda» del sistema tributario de las Islas contará además con representantes de los cabildos y los ayuntamientos.

«La reforma que vamos a llevar a cabo se hará pensando en los próximos 20 años y contendrá nuevas figuras tributarias que modernizan y piensan en la sociedad canaria que queremos tener a largo plazo», indicó.

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Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en aplicar este impuesto, pero son varias las regiones que, como Canarias, estudian ponerlo en marcha. El propio Gobierno central apuntó en diciembre la posibilidad de crear esta tasa aunque por ahora ha decidido dejar el proyecto en la recámara. Si finalmente lo estableciera dejaría sin efecto los regionales.

Tipos. Las bebidas sobre las que se aplica el impuesto en Cataluña y que previsiblemente serán las mismas que en Canarias son todos los refrescos y sodas, las bebidas de néctar de frutas, las energéticas y deportivas, las aguas con sabores y las leches endulzadas y las alternativas a la leche, como los batidos o los jugos de zumo de fruta y leche. También las bebidas de té y café.

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Incremento. Las organizaciones de consumidores dudan de los beneficios de este impuesto porque el gravamen apenas se deja sentir con lo que, a su juicio, no desincentiva el consumo. Por ejemplo, en Cataluña, una lata de bebida a base de té con un 7,7% de azúcar experimentará un incremento de apenas tres céntimos. De costar 0,60 pasará a un precio de 0,63 céntimos. Los refrescos suben un 7%.

Recaudación. El gravamen se aplica en función de los niveles de azúcares de cada bebida. Si tiene entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros, la tasa será de 8 céntimos por litro. Si supera esa cantidad serán 12 céntimos. La Generalitat prevé recaudar unos 41 millones de euros al año. Productores y distribuidores se oponen a la tasa al entender que es discriminatoria y distorsiona la competencia.

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