San Ginés dice que volvería a intervenir la desaladora ilegal

El máximo responsable del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, compareció ayer ante los medios de comunicación para dar su versión sobre el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, que acuerda el paso a procedimiento abreviado de la querella interpuesta por la promotora de Montaña Roja, Club Lanzarote, por la incautación cautelar de la desaladora en el septiembre de 2014.

San Ginés inició su intervención señalando que tiene la conciencia tranquila ante el convencimiento de que actuó conforme a la ley, y añadió que si hoy tuviera que actuar haría otra vez lo mismo, al existir una actividad ilícita de desalación de agua, ya que hoy día todavía nadie ha señalado como se debe resolver el problema de garantizar agua a 5.000 vecinos de una urbanización, si no es, dijo, o bien conectando la urbanización a la red general, -unas obras que le impidieron ejecutar los juzgados- o bien, requisando el servicio, algo que está contemplado en la ley para casos de interés general.

En este sentido señaló que actuó conforme a la legalidad, siguiendo lo que le decían los informes jurídicos del secretario de la institución, -jurista intachable de más de 30 años de servicio-, dijo. También explicó que actuó atendiendo un mandato del Gobierno de Canarias, por existir una actividad ilícita de desalación y venta de agua sin permisos, y a requerimiento del Diputado del Común, ante las continuas denuncias de los vecinos por el deficiente servicio que estaban recibiendo, ya que se les hacía pagar un agua de peor calidad a un mayor coste al del resto de vecinos de la isla.

San Ginés defiende que en todo caso cabría haber cometido algún error o irregularidad administrativa, pero nunca una prevaricación, y que en el caso de haber mirado hacia otro lado, mientras la urbanización actuaba al margen de la ley, también le hubieran denunciado.