Las defensas de Stratvs piden la absolución de los acusados

La jornada se inició con otro extenso alegato de la acusación popular ejercida por los denunciantes de Transparencias urbanística (TU), y finalizó con las conclusiones de los diez abogados de las defensas, quedando visto para sentencia uno de los juicios más largos y polémicos de los últimas años en la isla.

En su caso, los letrados de los acusados pidieron la libre absolución de sus defendidos y en la mayoría de los casos una condena en costas por parte de la acusación popular y particular

En su intervención, al inicio de la sesión, la acusación popular pintó un escenario de corrupción en torno al empresario Juan Francisco Rosa, con una larga sombra capaz de influenciar a altos cargos no solo del municipio donde residen los cuatro exediles y dos alcaldes y los tres técnicos sentados en el banquillo de este proceso, sino también de Canarias e «incluso de la Unión Europea», como reiteraron el fiscal del caso y la letrada de la acción popular.

Una influencia que llevó a delinquir a los nueve acusados sobre los que Rosa, una vez más usó su ascendente para forzarles a votar a favor de una licencia de actividad que no podía darse porque el Plan Insular no lo autorizaba, por ser en suelo rústico, a pesar de haber autorización de un órgano superior y competente en materia de suelo como era la Consejería de Política territorial.

En ese debate centró la acusación sus argumentos, frente al hecho de que una licencia de actividad se basa en informes técnicos y no urbanísticos, como poco a poco fueron desgranando las defensas en sus intervenciones. Además de insistir en las escasas posibilidades de prevaricar, por ser un procedimiento reglado, con todos los informes técnicos favorables. Ello al margen de que a juicio de los letrados, las pruebas aportadas carecen de inconsistencia, pues el empresario pidió la licencia en 2005 y se la dieron tres años después.

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