Emalsa recurre el cierre de la instrucción, que concluye sin evidenciar quebranto

El juez Luis Galván dictó a principios de mes un auto por el que da por concluida la instrucción que se abrió después de que en 2012 el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP), tomara la decisión de denunciar una serie de operaciones entre Emalsa y Sercanarias, una sociedad perteneciente a los dos socios de referencia en aquel momento de la empresa municipal mixta del agua, Saur y Sacyr.

En un comunicado, Emalsa sostiene que la decisión del juez "carece de toda motivación" y "bien podría haberse dictado" hace cinco años, "al día siguiente de haberse iniciado la instrucción de las diligencias previas", porque bajo su punto de vista no incorpora una serie de pruebas e informes aportadas durante este tiempo.

En el comunicado se afirma: «La instrucción, sin embargo, no ha podido constatar, por inexistente, quebranto económico alguno para Emalsa, y menos aún para el interés público, como recoge el referido auto del juez instructor. Por el contrario, cuantas auditorías e informes periciales a los que se ha sometido la gestión de Emalsa –y que en su resolución el juez instructor ignora- evidencian que no existe perjuicio económico alguno. El auto, en consecuencia, ha sido recurrido por carecer de fundamento y motivación y lesionar, por ende, el derecho a la tutela judicial efectiva de los ejecutivos de la compañía investigados».

Emalsa critica que el juez instructor "no mencione en ningún momento" la conclusión del informe de esos auditores, motivo, entre otros, por el que ha decidido recurrir el auto que pone fin a la instrucción y deja el caso listo para que se abra juicio oral.

"El auto recurrido (...) se limita única y exclusivamente a reproducir simple y literalmente pasajes enteros de la denuncia inicial de la Fiscalía, sin hacer mención alguna al contenido y resultado de las diligencias de investigación practicadas durante cinco años", argumenta la sociedad dirigida por Saur.

A su juicio, con ello, el instructor del caso "no permite conocer a las partes cuáles son las razones que le llevan a dictar la resolución" que pone fin a la instrucción del procedimiento.

"Cuantas auditorías e informes periciales a los que se ha sometido la gestión de Emalsa, y que en su resolución el juez instructor ignora, evidencian que no existe perjuicio económico alguno", remarca la empresa

La defensa de los directivos de Emalsa argumenta, además, que "no puede hablarse de responsabilidad criminal sin determinar la participación de los investigados en las conductas objeto de denunciada y, mucho menos, sin la acreditación de la existencia de perjuicio patrimonial concreto".

Temas

• Emalsa
• Partido Popular (PP)
• Justicia
• Juan José Cardona
• Poder judicial
• Fiscalía
• Prevaricación