El pleno de censura en La Oliva se prevé convocar para la desescalada, sobre el 25 de mayo

Catalina García / Puerto del Rosario

Entre la convocatoria y luego la celebración del pleno extraordinario para debatir la continuidad del procedimiento de la moción de censura en el Ayuntamiento de La Oliva contra el alcalde nacionalista Isaí Blanco, más los mismos trámites con la sesión propiamente de debate de la moción, el cambio político coincidirá en el norte majorero con la desescalada del coronavirus: sobre el 25 mayo, a más tardar y si se agotan todos los plazos administrativos.

Cuando el coronavirus parecía haber frenado la censura del PSOE, PPMajo-Gana Fuerteventura y En Marcha presentada el pasado 11 de marzo, estos tres partidos la aceleraron este miércoles argumentando que el alcalde de Coalición Canaria «ha aprobado la realización de varios gastos vía decreto, quitando esta competencia a la junta de gobierno». En los decretos de la alcaldía, continúan los firmantes de la censura, se señala la urgencia de las compras en el marco del actual estado de alarma. Sin embargo, las resoluciones contemplan gastos «que nada tienen que ver con la actual situación ni con el normal funcionamiento de la administración, como productos de atención protocolaria, un estudio sobre la infancia y adolescencia, impresión de material para campañas publicitarias, señalización de vehículos, la edición de una revista institucional, acondicionamiento de parques o contratos de publicidad institucional por casi 25.000 euros». Además de varios decretos de levantamiento de reparos puestos por el interventor municipal.

Frente a estos argumentos para acelerar el pleno de debate de la censura, fuentes del equipo de gobierno recuerdan que la aprobación de gastos mediante decreto es una potestad inherente a cualquier alcalde que se delega en la junta de gobierno y que, en estos tiempos de estado de alarma, cobra más importancia a la hora de paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria en un municipio turístico como La Oliva. Entre estos gastos aprobados por decretos de la alcaldía durante la pandemia, destacan los gastos protocolarios de la Concejalía de Turismo y Comercio que ostenta aún uno de los censurantes, Marcelino Umpiérrez, y de la edil de Urbanismo, Pilar González, que es la que proponen los tres partidos como alcaldesa. Más, la ayudas sociales a familias.

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