En la imagen, Ezequiel S.M., amigo del hacker, y que fue también detenido en Arinaga. Arcadio Suárez

El hacker que filtró datos de Pedro Sánchez es solo un estudiante de informática de Arinaga de 19 años

La Policía Nacional detuvo este martes en Gran Canaria a Yoel O.Q. y Cristian Ezequiel S.M. por la filtración de domicilios, teléfonos, DNI y correos electrónicos de Pedro Sánchez, ministros, militantes socialistas, implicados en el caso Koldo y periodistas

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 1 de julio 2025, 16:21

No se trata de un experto hacker dedicado a entrar en redes, correos y entornos virtuales donde la seguridad es máxima, al contrario. El joven detenido este martes por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional por las filtraciones de datos sobre Pedro Sánchez y otros políticos y periodistas es un estudiante de Informática, de 19 años y que vivía con su familia en la calle Maninidra del Cruce de Arinaga. Yoel O. Q., que es como se llama este joven, fue capturado a primera hora de la mañana en su domicilio por los agentes encargados de una investigación que se inició el pasado mes de junio y que está tramitando el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

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Junto a Yoel fue detenido su amigo Cristian Ezequiel S.M., que -según fuentes de la investigación- era conocedor de las actividades del hacker y participaba de alguna forma en ellas. Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, amenazas terroristas y terrorismo informático con finalidad de desestabilización, coacción a las instituciones del Estado e intimidación a colectivos relevantes desde el punto de vista de la estabilidad institucional como políticos y periodistas.

Ambos detenidos fueron trasladados este mismo martes a Madrid para que presten declaración por estos hechos el jueves en la Audiencia Nacional.

Según las pesquisas, estas personas participaron en dos chats de evidente ideología ultra en los que se filtraron los datos personales de, entre miles de personas, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ministros, presidentes de comunidades autonómicas, cargos de relevancia pública, periodistas y militantes de partidos de izquierda.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Mesas, es el encargado de estas diligencias que provocaron una gran alarma entre los vecinos de Arinaga, debido al importante dispositivo policial desplegado para llevar a cabo estas dos detenciones.

Por una parte, Yoel O.Q. no respondía inicialmente al perfil de hacker profesional, según los agentes responsables de la investigación, aunque pudieron seguirle el rastro hasta conseguir su identificación y posterior arresto en una causa que permanece secreta.

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La Policía Nacional procedió a su captura y, por orden de la autoridad judicial, llevaron a cabo una entrada y registro en su domicilio en la que practicaron varias diligencias como la intervención de numerosos dispositivos electrónicos. Ahora, tendrán que acceder a las sesiones de usuario de estos elementos para examinar todo tipo de aplicaciones de almacenamiento de datos, tanto locales como remotas, incluidas plataformas de mensajería como Telegram, WhatsApp, redes cifradas como TOR, I2P o Freenet, cuentas de correo electrónico, almacenamiento en la nube, así como redes sociales y servicios de comunicación por voz, texto y vídeo, según la autorización decretada por la autoridad judicial. También el magistrado accedió expresamente al análisis de conversaciones o elementos que contengan indicios de interés para la causa, así como la verificación de conexiones remotas, cifrado y posibles mecanismos de acceso restringido.

En el supuesto de que hallaran cuentas activas en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como Discord, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Skype u otras análogas, también interesó el acceso a sus contenidos, así como a publicaciones, mensajes directos, vídeos o cualquier otro material que se almacene en dichas plataformas.

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El juzgado acordó, además, la aprehensión e intervención de todos los dispositivos susceptibles de contener datos relevantes, como tarjetas SIM, unidades USB, discos duros, tarjetas SD, así como cualquier otro soporte conectado a los sistemas intervenidos.

En relación con posibles instrumentos financieros, la autoridad judicial autorizó la localización e incautación de dinero en efectivo, así como de tarjetas bancarias u otros medios de pago que pudieran estar vinculados al delito o a otros hechos conexos, como fraudes. También permitió la localización de monederos electrónicos y servicios de gestión de criptomonedas, autorizando expresamente la incautación in situ de activos digitales en caso de detectarse operaciones o fondos asociados al caso investigado.

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Nacido en Fuerteventura

Estas actuaciones también se ejecutaron contra el otro investigado, Cristian Ezequiel S.M., que aunque nació en Puerto del Rosario, vivía también con su familia en Playa de Arinaga y trabajaba en un negocio junto a sus progenitores. Fue detenido cuando estaba con su pareja y luego lo condujeron hasta su domicilio.

Los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional tratan ahora de determinar el grado de participación de este segundo joven en los hechos, aunque según sostuvo a este periódico su abogado Raúl Curbelo Gómez, no tuvo «nada que ver» en estos hechos.

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Arcadio Suárez

Semanas de investigación

La investigación comenzó hace aproximadamente dos semanas, tras la entrega a la Audiencia Nacional de un atestado elaborado por la Policía Nacional. En él se advertía de que, en un canal de Telegram con más de 90.000 participantes, dos usuarios identificados por los alias @akkaspace y @Pakito habían compartido un archivo que contenía información personal sensible. Ese documento incluía direcciones particulares, números de teléfono, DNI y correos electrónicos —algunos desactualizados, pero otros plenamente vigentes— de siete integrantes del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como de antiguos dirigentes del Partido Popular y de Podemos, como así informó el periódico El País.

Al día siguiente, se detectó una nueva filtración en el mismo grupo de Telegram. En esa ocasión, los datos divulgados afectaban a otras figuras del Ejecutivo, como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También figuraban la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y la exministra de Derechos Sociales y dirigente de Podemos, Ione Belarra. Además, se incorporaban los datos de cuatro personas vinculadas a la investigación judicial sobre una presunta trama corrupta en el Ministerio de Transportes: el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y el empresario Víctor de Aldama. A esa lista se añadían datos personales de aproximadamente 300 militantes del Partido Socialista.

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Una tercera filtración se produjo el jueves pasado, esta vez en un nuevo canal de Telegram con menos audiencia —algo más de mil usuarios— después de que el primero hubiera sido supuestamente bloqueado. En esa ocasión se difundieron datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (incluyendo su DNI, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y domicilio en Madrid), así como de otros nueve ministros. También se vieron afectados varios responsables autonómicos, entre ellos la presidenta de Extremadura, María Guardiola, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Además, el archivo incluía datos de unos 3.000 afiliados de Podemos. Todo el contenido fue acompañado por etiquetas como #noalacorrupción, #españalibre y #sánchezdimisión, junto a mensajes del administrador del canal advirtiendo de que las filtraciones continuarían. En ese nuevo espacio se volvieron a publicar los documentos ya compartidos en las dos ocasiones anteriores.

En sus últimas comunicaciones, los presuntos responsables de estas filtraciones anunciaron su intención de seguir difundiendo datos personales y, además, promocionaron entre los usuarios del canal una supuesta «herramienta potente» con la que, según decían, era posible efectuar «consultas sobre bases de datos españolas». El mensaje promocional indicaba que «con un simple comando» los usuarios podrían «acceder rápidamente a información útil para verificación, gestión o análisis», desde «cualquier dispositivo móvil o PC», y la presentaban como una solución idónea «para profesionales que necesitan datos confiables al instante». Las últimas publicaciones se limitaron a republicar los contenidos ya filtrados en las dos ocasiones previas.

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