Los Colegios de Trabajo Social de Canarias alertan de «una grave crisis institucional en los servicios sociales»

Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas mostraron este martes su «profunda preocupación ante el deterioro progresivo del sistema público de servicios sociales en Canarias». Y lo hacen como «como entidades representativas de una profesión clave en la garantía de derechos sociales.

En un duro comunicado, los dos colegios critican la situación de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario: «Las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, así como las denuncias públicas realizadas por comités de empresa, sindicatos y personal técnico de la propia administración, confirman lo que desde hace meses venimos advirtiendo, que la Consejería de Bienestar Social atraviesa una crisis estructural sin precedentes, cuyas consecuencias recaen directamente en las personas más vulnerables de nuestra sociedad y en el personal que trabaja a diario por garantizar sus derechos».

Esta «situación insostenible», añaden, «afecta tanto a la calidad de los servicios como a la confianza de la ciudadanía en las instituciones». Y destacan que «la falta de planificación, descoordinación y sensación de abandono institucional afectan a todas las áreas sociales del Gobierno de Canarias».

«Continuamos denunciando y alertando del colapso en las valoraciones de discapacidad, dependencia, Renta Canaria de Ciudadanía, y la deficiente gestión de otras prestaciones como las 'tarjetas monedero', siendo el Ejecutivo canario responsable de la situación», sostienen los colegios profesionales. Y añade que están «expectantes» ante la inminente entrada en vigor del polémico decreto de valoración de la Dependencia el próximo 26 de mayo.

Lejos de tratarse de un problema técnico o puntual, los representantes de los profesionales de Trabajo Social de Canarias consideran que «estamos ante una crisis estructural de gestión política que afecta a derechos básicos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y que pasa por la falta de dotación de personal desde hace años que este gobierno quiere enmascarar».

«Los problemas no están en los equipos técnicos, sino en la gestión política y organizativa del Gobierno de Canarias. Las profesionales están sosteniendo el sistema a pesar de la sobrecarga y la descoordinación. El deterioro es responsabilidad del Ejecutivo, no de quienes lo están denunciando desde dentro», afirman ambas entidades.

Asimismo, ante la creciente externalización de servicios, denuncian que «las debilidades estructurales deben resolverse desde lo público, no con soluciones externalizadas que agravan la desigualdad y ponen en peligro la calidad e imparcialidad del Sistema»

«Los servicios sociales no pueden gestionarse bajo lógicas de opacidad o presión política. Están para garantizar derechos, no para fabricar estadísticas. Quienes trabajamos cada día por y con las personas, especialmente las más vulnerables, no podemos seguir siendo cómplices silenciosos», resumen.

Los Colegios Oficiales de Trabajo Social afirman que iniciarán una ronda de consultas y un seguimiento riguroso y constante de la situación, «manteniéndose vigilantes y recogiendo el malestar creciente de los y las profesionales y promoviendo cuantas acciones sean necesarias para denunciar públicamente la discriminación y vulneración de los derechos sociales de la ciudadanía».

Como colegios profesionales, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la defensa del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar. Nos posicionamos ante una gestión que pone en riesgo los derechos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y precariza a quienes trabajamos por su atención. «El Gobierno debe rectificar, escuchar y actuar», resumen.

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