«La manipulación palmaria de los datos de dependencia de Canarias busca tapar una realidad grave»

La gestión del sistema de atención a la dependencia en Canarias ha sido duramente criticada por el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez Navarro, quien califica de «manifiestamente manipuladas» las estadísticas del Gobierno autonómico.

A Ramírez le cuesta entender cómo pudo el Ejecutivo regional notificar 9.000 prestaciones de 2024 que, en realidad, no se habían efectuado. Este error evidencia, según Ramírez, «la manipulación manifiesta de las estadísticas que hace continuamente el Gobierno de Canarias para intentar confundir o maquillar la realidad tan desastrosa y grave que tiene esta comunidad autónoma con respecto al sistema de atención a la dependencia».

En una entrevista telefónica, el también portavoz del Observatorio recuerda que no es la primera vez que se intenta alterar los registros. Hace años, ya denunciaron ante el Tribunal de Cuentas la inclusión ficticia de otros 9.000 beneficiarios durante el mandato de Inés Rojas al frente de la Consejería de Bienestar Social.

«En esta segunda ocasión se ha repetido la misma estrategia», denuncia Ramírez, quien responsabiliza directamente a los gobiernos de Coalición Canaria por su gestión desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Además, aclara que a estos 9.000 beneficiarios inexistentes se suman 7.852 prestaciones ya concedidas a dependientes canarios que no se han hecho efectivas, lo que supone una tercera parte del total de ayudas pendientes de ejecutar del país.

Ramírez afirma que más allá de «peleítas políticas» a cuenta de la gestión, lo realmente grave es que Canarias es la comunidad donde más personas dependientes mueren a la espera de recibir una prestación o servicio.

El balance es estremecedor: según Ramírez, más de 32.000 personas han fallecido en Canarias sin recibir la ayuda que les correspondía desde la aprobación de la ley, una cifra que incluye 948 muertes ocurridas en los cuatro primeros meses de 2025.

De ellas, 552 personas no habían sido valoradas, y otras 396 aguardaban una prestación ya concedida. «No se puede ser neutral con este tema. La responsabilidad es del Gobierno de Canarias, y ahora además se ha descubierto una manipulación estadística palmaria», añade.

A juicio de Ramírez, este escenario debería conllevar consecuencias políticas inmediatas. «Que casi mil personas hayan muerto en lo que va de año con un sufrimiento mayor, sin dignidad ni calidad de vida por culpa de unos gobernantes inmisericordes que han decidido no atenderlas» debería ser motivo suficiente para que «se vaya la consejera, el presidente del Gobierno canario y todas aquellas personas que tengan responsabilidad en esto», dice rotundo.

Canarias es actualmente la comunidad con mayores tiempos de espera en el sistema de dependencia, con una media de 543 días, más de un año y medio. «Es el resultado de la desidia y la impericia de un Gobierno que ha abandonado a las personas más vulnerables», denuncia.

Ramírez también cuestiona la capacidad de la actual consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para revertir la situación porque «lo primero que tiene que hacer es poner dinero, y eso le correspondería al presidente».

De hecho, afirma que el presupuesto canario destinado a la dependencia «es una inversión ridícula en relación con la que hacen otras comunidades autónomas». Para corregir la situación, el presidente del Observatorio propone, además de un aumento presupuestario, una simplificación del procedimiento y la integración de cabildos y ayuntamientos en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia de Canarias.

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