El Gobierno no cumple con reducir la matrícula universitaria

En pleno confinamiento, con las clases presenciales de todos los niveles suspendidas, la Consejería de Educación del Gobierno canario, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) emitían un comunicado conjunto anunciando un «plan de medidas urgentes para paliar los efectos del covid-19 en el rendimiento académico del alumnado» universitario, que, en la realidad, ha quedado en nada. En ese plan, publicitado el pasado 20 de abril, se acordaban varios puntos, entre ellos que a quienes suspendieran no les correría convocatoria. De ello se deducía, y así se publicitó, que el alumnado que se rematriculase en alguna asignatura pagaría como si fuera la primera vez que lo hacía, lo que reduce el precio sustancialmente pues va aumentando cada vez que se repite.

La sorpresa del estudiantado es que al hacer la matrícula de este año, aunque no les cuente la convocatoria, pagan las tasas de la segunda o tercera. Además, les están aplicando el decreto de tasas del curso anterior ya que el Gobierno canario no ha publicado el de este año.

De forma habitual, Educación da a conocer los precios públicos de las tasas universitarias antes de agosto, mes en el que comienzan las matrículas. Pero los cambios en la Consejería -el cese de la responsable, María José Guerra, que fue sustituida por Manuela Armas, así como de parte de su equipo- dejó en el cajón el documento que el nuevo director general de Universidades, Manuel Ramírez, espera que vaya al Consejo de Gobierno esta semana. «El decreto de precios púbicos tenía que sacarse adelante en tiempo record. Yo tomé posesión el 24 de julio», explica Ramírez para justificar el retraso.

El director de Universidades recuerda que desde 2017 el estudiantado paga las mismas tasas y matrículas en los dos centros públicos canarios, «que son las más bajas de todo el sistema universitario», advierte. Al no estar aún el decreto, las universidades aplican el del año anterior, lo que ha soliviantado a parte del alumnado. «El problema es que al estudiante se les había dicho que si repetía no pagaba un céntimo. Esto es algo que en el decreto de precios públicos no se puede poner. Ninguna comunidad autónoma ha recogido una medida de este tipo», señala. Ese «acuerdo» que se publicitó en abril, abunda, «no esta firmado», fue solo un «comunicado». Lo que sí han hecho algunas comunidades es hacer cambios en la orden de las becas, y eso, anuncia el director de Universidades, también pasará en Canarias. «Vamos a hacer cosas que permitan beneficiar a personas que, por las razones que fueran, sus circunstancias económicas del año pasado hayan cambiado».

Esto se materializará en el aumento de los umbrales de renta, «para que pueda acogerse» más alumnado. La nueva normativa, que no necesita pasar por el Consejo de Gobierno, estará también lista esta semana, según prevé Ramírez.

No cambiará, sin embargo, que se tenga en cuenta la situación económica actual de las familias en lugar de la del año anterior (2019) al pedir una beca este año. Algo que también se contemplaba en el acuerdo. Y tampoco se cumplió con dotar a ambas universidades públicas con un máximo de hasta 250.000 euros que iban a destinarse a sufragar los plazos pendientes de la matrícula a partir del mes de marzo. Ramírez reconoce que fueron las propias universidades quienes lograron la financiación para ello.