Exigen el cambio del protocolo de prevención suicida: «Asigna al profesorado funciones muy delicadas»
ANPE reclama a Educación y Sanidad que modifique el documento antes de que se inicie el curso
El sindicato docente ANPE urgió este viernes a las consejerías de Educación y Sanidad del Gobierno canario «a replantear el protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas de Canarias de cara al curso 2025-26». En un comunicado, la organización sindical recuerda que hay aportaciones relevantes del profesorado a las que se continúa sin dar respuesta a falta de apenas dos semanas para que comiencen las clases, «a pesar del compromiso adquirido en ese sentido por la Administración en la mesa técnica sobre este tema celebrada el pasado 8 de abril».
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El presidente autonómico de ANPE, Pedro Crespo, señala en la nota que «el protocolo vigente es engorroso e inaplicable en algunos aspectos, y no está bien adaptado a las particularidades de los centros educativos ni a la realidad del trabajo del personal docente en el día a día».
Asimismo, recuerda que «el documento asigna al profesorado funciones muy delicadas que, por su naturaleza, corresponden al ámbito de los profesionales sanitarios especialistas en salud mental; entre ellas, y de manera señalada, la evaluación del nivel de riesgo suicida».
Crespo echa además en falta «una mayor implicación de la Consejería de Sanidad en este asunto». En este sentido, insiste en la propuesta de ANPE de que se conformen equipos de profesionales sanitarios en todas las islas que estén especializados en la actuación ante riesgo suicida en los centros educativos. «Si se crearan estas unidades», subraya en el comunicado, «los centros podrían contactar directamente con ellas cuando se dé un posible caso para que acuda e intervenga en el mismo día».
Para el presidente de ANPE Canarias, la forma en que está planteado actualmente el protocolo favorece que se ponga la carga de la responsabilidad sobre el profesorado ante situaciones para las que no está preparado. Así, recalca que el personal docente está dispuesto a colaborar y a formarse para afrontar los posibles casos de la mejor manera posible, pero sin invadir el campo de los especialistas en salud mental en un asunto tan delicado para la vida del alumnado.
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Crespo recuerda que, en una encuesta impulsada por el sindicato, «el propio profesorado ha señalado diferentes deficiencias en el documento, como la falta de claridad en su redacción y su excesiva complejidad». Por ello, insiste en la necesidad de que la Administración autonómica lo lleve a negociación con la representación del personal docente lo antes posible, de manera que el nuevo protocolo pueda estar vigente desde el primer trimestre del curso 2025-26.
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