Las AMPA crean una comisión para analizar las infraestructuras educativas canarias

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros de Enseñanza Galdós (FAPA) ha creado una comisión «específica formada por madres y padres socios de ampas que son ingenieros y arquitectos» para analizar las infraestructuras educativas. Ya desde principio de mes, durante la ola de calor que se inició el 29 de septiembre, la federación puso de manifiesto que la situación evidenciaba «la desidia histórica de las administraciones en materia de infraestructura educativa».

Antes de que se suspendieran las clases por primera vez por calor en Canarias, los días 11 y 13 de octubre, la federación pedía que el Servicio Canario de Salud derivara a personal sanitario a los centros educativos afectados -esos días en algunos centros se había producido algún desmayo– mientras durara la ola de calor. Y solicitaba aprovechar «la emergencia energética y climática para diseñar medidas extraordinarias que faciliten la agilización burocrática. Si es necesario, que se ponga en marcha una transferencia extraordinaria de fondos a los centros escolares para alquiler o adquisición de carpas para los patios que carezcan de sombra; alquiler o adquisición de equipos de refrigeración; e incrementar fondos para suministro de agua».

Tras la suspensión, decisión que la federación entendía por el estado de las infraestructura pero que censuraba porque no era «resolver el problema» sino «quitárselo de encima cargándolo en las espaldas de las familias, especialmente la de las madres que son quienes en mayor proporción cargan con los cuidados familiares», la Consejería de Educación anunció que estaba trabajando en un «protocolo» para saber actuar en estos casos. La federación pide participar en su elaboración. «Reivindicamos que se tenga en cuenta a las familias en la redacción de ese protocolo. Y para ello estamos creando un equipo con criterio técnico», explicó la nueva presidenta de la FAPA Galdós, Marian Álvarez.

Precisamente el sábado la federación celebró una asamblea general extraordinaria para renovar a la junta directiva -el mandato es de dos años– saliendo elegida Marian Álvarez. «El único objetivo que tengo es que el movimiento crezca y se empodere. Es una vergüenza que las familias tengamos que batallar cada día para que se cumpla el derecho de participación que conquistaron nuestros padres», asegura la presidenta.

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