Crean una unidad especial para prevenir y sancionar fraudes masivos

El Ministerio de Consumo ha presentado este lunes la nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, un órgano para prevenir y sancionar posibles «fraudes masivos», y garantizar los derechos de los consumidores.

La ley que regula el mecanismo sancionador entró en vigor el 28 de mayo de 2022 tras una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Según Consumo, el Gobierno se ha dotado de este mecanismo sancionador con el objetivo de que no vuelvan a producirse episodios como, por ejemplo, el conocido como caso «Dieselgate».

Para el ministerio que dirige Alberto Garzón, a diferencia de otros países europeos que impusieron sanciones ejemplares, España no pudo hacerlo por falta de un mecanismo sancionador adecuado.

Entre las infracciones que se podrán sancionar se encuentran las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o la seguridad de la población, el incumplimiento de las normas reguladoras de precios o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, entre otras.

Las multas se dividen en cuatro categorías que oscilan entre los 150 euros y el millón de euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Esta sanción lleva también aparejada la publicidad de la resolución sancionadora.

Las infracciones generalizadas o con dimensión en la UE pueden llegar hasta el 4 por ciento del volumen de negocio anual del empresario infractor en España

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