Canarias impulsa su nueva ley de Ciencia «de espaldas» a las universidades públicas
La oposición denuncia el «menosprecio» a las instituciones académicas, mientras que la consejera Migdalia Machín defiende que se han recogido sus alegaciones
La consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, respondió este martes a una serie de inquietudes de los grupos parlamentarios sobre la nueva ley de Ciencia, en una comparecencia solicitada por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC). «Todos coincidimos en su importancia, pero, ¿por qué la impulsa de espaldas a las universidades?», cuestionó la diputada de la formación nacionalista Carmen Hernández.
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El Consejo de Gobierno aprobó el pasado abril el texto definitivo del proyecto de la ley canaria de la Ciencia y su remisión al Parlamento, donde se efectuará su trámite legislativo. La norma viene a sustituir a la actual, que data del año 2001 y los grupos parlamentarios coinciden en que «se ha quedado obsoleta».
Hernández manifestó al respecto que la participación de las universidades públicas canarias deber ser «activa» para que la normativa sea «buena», ya que son la «cuna de la ciencia, de la mayoría del conocimiento científico, de la actividad investigadora y transferencia de conocimiento».
«Los rectores se han dirigido a los grupos parlamentarios expresando su desconcierto y descontento, porque no han sido partícipes de la ley», enfatizó, para luego agregar que «invitarles a un foro no es darles un canal de participación real y afectiva, más bien parece un menosprecio».
La diputada también trasladó la queja del vicerrector de Investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Sebastián López, por no haber participado en el proceso de creación de la ley antes de su entrada en el Parlamento.
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En la misma línea se manifestó Alicia Pérez, diputada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, quien puso de relieve que más del 95% de la investigación en Canarias se condensa en las universidades públicas y mostró su extrañeza por la elaboración de una ley de Ciencia «sin contar con ellas».
Pérez enfatizó que una nueva ley en la materia «es necesaria» para que ofrezca una «estructura» y dé «impulso y estabilidad» al sistema i+D+i, pero tildó de «oportunidad perdida» el trabajo elaborado. «Bastaba con sentarse a dialogar con las universidades públicas, construir un texto con su aval», apuntó, y agregó que el atreproyecto de ley carece de consenso, de participación real y del respaldo de la comunidad científica.
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Por su parte, la consejera de Universidades explicó que, para la elaboración del documento, se desarrolló un proceso participativo previo con 80 agentes del ecosistema científico, con instituciones académicas, instituciones públicas, empresas y sociedad civil, donde «se han recogido diferentes alegaciones, también de las universidades»
Machín recordó que el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, comparecerán este jueves en el Parlamento para valorar esta ley y reparó en que quizás debería haberse dado esa «conversación de tú a tú» con las universidades, pero puso de relieve su participación en el proceso legislativo, con los grupos de gobierno y de la oposición, porque se necesita «un texto de consenso», fuera de las «trincheras ideológicas».
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«Quiero que sea así. No quiero rectores que me bailen el agua, sino que reivindiquen y me desafíen, porque es así como se mejoran las cosas», acentuó, y reparó en que no quiere un texto de gobierno, sino participado.
Del mismo modo, destacó algunas de las claves de la nueva ley, como es la transferencia de conocimiento, la simplificación administrativa y reducción de plazos a la mitad, con un artículo de tramitación urgente, el aumento del presupuesto de aquí a 2030, así como de ayudas y subvenciones, IGIC tipo cero para innovación, el plan canario de i+D+i y un apartado de Intenligencia Artificial (IA), también vinculado a un comité ético.
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Nicasio Galván, de Vox, expuso que su grupo está de acuerdo con «muchas cosas» que aborda el documento, pero echa en falta otras relativas al personal o a los sistemas energéticos que sustentan centros de datos o empresas de IA, con los ceros energéticos que ha experimentado Canarias como telón de fondo. También pidió «dejar al margen el tema del sexo», de la paridad, en la ciencia y «abogar por quienes estén mejor preparados», así como que no se dé por cerrado el debate sobre el cambio climático antropogénico.
María Isabel Saavedra, del Partido Popular (PP), reconoció «el paso valiente y necesario» que supone «impulsar la nueva ley canaria de la Ciencia», de acuerdo con el contexto científico, tecnológico y social actual de Canarias y alineada con la norma estatal y con la Unión Europea. Valoró, a su vez, el inicio de diálogo con las universidades públicas, imprescindibles en el sitema canaria de i+D+i.
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Mientras, Cristina Calero, del Grupo Nacionalista Canario, resaltó la importancia de ir «de la mano de la ciencia todos los días» y del reto de elaborar esta ley desde una consejería recién creada. «Se trata de un proyecto de ley ambicioso, pero debe dar respuesta al sector, con el compromiso de todas las fuerzas políticas, independientemente del color», indicó.
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