Cinco años del campamento de Arguineguín: el rastro de la vergüenza

Quien se acerque hoy al muelle de Arguineguín encontrará un espacio casi anodino. Unas vallas anuncian su próxima reforma y el suelo, resquebrajado, denota un uso intenso del pavimento, en otro tiempo hasta frenético, como el de la embarcación de Salvamento Marítimo que se mece ahora en la tranquilidad de una jornada sin avisos en el mar.

Pero hace cinco años este fue el escenario de uno de los episodios más crudos de la gestión migratoria de este siglo. Unas vallas muy similares sirvieron aquel agosto de 2020 para delimitar los márgenes de un mal llamado campamento en el que se llegaron a hacinar hasta 2.600 personas -seis veces su capacidad- y terminó convirtiéndose en el símbolo de un fracaso: el del sistema de acogida, el del respeto a los derechos humanos y, en definitiva, el de la dignidad.

La crisis sanitaria, sumada a un repunte de pateras, obligó a levantar una estructura provisional en lo que era, en realidad, un aparcamiento, y ante la imposibilidad de moverse por el territorio, Arguineguín pasó de ser una solución de urgencia a una permanente. Ni las denuncias del Defensor del Pueblo o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sirvieron para poner remedio hasta cuatro meses más tarde, cuando se desmantelaron las instalaciones. Una decisión que llegó gracias a la reanudación de las derivaciones a península y el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) que se acondicionó en Barranco Seco, un espacio militar cedido por Defensa con capacidad para albergar hasta 600 personas.

Con todo y pese a las voces críticas que se alzaron incluso dentro de la propia Justicia, nunca se depuraron responsabilidades y la autoridad judicial determinó que no se produjo detención ilegal alguna ni se trató de forma inhumana o degradante a los migrantes. La causa se archivó entendiendo que aquella era una situación «excepcional» y que «no había otra alternativa».

La jueza Yanira del Carmen González y el Fiscal José Antonio Díez fueron los primeros en atravesar el vallado para instruir el caso y dejaron constancia de las condiciones del muelle enun vídeo al que ha tenido acceso CANARIAS7. En las imágenes también aparecen David Martínez, jefe de sección de la UCRIF Las Palmas de la Brigada provincial de Extranjería, y un responsable de Emergencias de Cruz Roja, que hicieron un recorrido por cada rincón.

En 3.800 metros cuadrados de muelle se colocaron un puñado de carpas y baños portátiles. Con el fin de mantener cierto control, los responsables dividieron el espacio en parcelas, a modo de corralitos, en los que agrupaban a las personas por la patera en que habían llegado, sin contar con las mujeres y niños, a los que atendían por separado como colectivos vulnerables y se trataba de ubicar rápidamente en centros.

Los migrantes que dormían en el muelle improvisaron, también, haimas con lonas amarradas para cubrirse del sol de agosto y cartones que les amortiguaran del duro asfalto. Un mismo espacio se convertía en dormitorio, comedor, sala de rezo y zona de esparcimiento que, según las matemáticas, tocaba a poco más de un metro cuadrado por persona.

Las comidas se distribuían tres veces al día y consistían en un desayuno sobre las 10.00 horas, un bocadillo hacia las 14.30 horas y zumos y fruta para la cena, sobre las 21.00 horas. Era aquí cuando se ofrecían los cambios de mascarillas, cuyo uso era obligatorio, pero solo quienes la tenían rota o demasiado usada.

Por otro lado, la distribución apenas ofrecía privacidad o higiene. De hecho, las autoridades que vigilaban la zona no siempre tuvieron claro cuándo se realizaban las tareas de limpieza y desinfección del área ni sobre quién recaía la responsabilidad. No había espacio para guardar cuarentena y nada garantizaba que los infectados, a los que se les reservaba una parcela concreta, no se llegasen a mezclar con el resto.

Además, las duchas que se apañaron con una bomba de agua dulce pronto se estropearon y los hacinados hacían turnos para ducharse en una zona dispuesta al aire libre con garrafones que luego quedaban vacíos allí mismo.

En los márgenes del muelle se agolpaban, también, familiares que buscaban noticias de los supervivientes, periodistas -a los que el Ministerio de Interior les había negado la entrada- que querían contar lo estaba pasando y organizaciones y plataformas ciudadanas que pretendían denunciar irregularidades.

La principal estaba relacionada con la situación administrativa de los migrantes. Si bien la ley establece un periodo máximo de 72 horas de retención policial para las tareas de filiación, reseña, valoración del estado de salud y lectura de derechos, la realidad es que ese plazo se extendía en muchos casos hasta los 20 días, salvo que diera positivo en covid. Por tanto, sobre el papel gozaban de libertad, pero en la práctica no podían moverse.

«¿Pueden salir, sí o no?», preguntó entonces el fiscal al jefe de la UCRIF, según el vídeo de la instrucción . «Sí, pero prefieren estar aquí». Una afirmación que desmontaba minutos después otro de los agentes que custodiaban las parcelas del muelle: «¿Esa es su función, evitar que traspasen la valla?», inquirió el fiscal. «Me han dicho que de aquí no salgan».

Pronto Arguineguín se bautizó como el 'muelle de la vergüenza' y convivía junto a un muro de los lamentos. En los límites de aquel vallado vigilado se escuchaban historias como la de Mohamed, quien había conseguido hablar desde Barcelona con su hermano Rahali y criticaba las condiciones en las que él y su primo Kasm se encontraban desde hacía veinte días; la de Sukeina, una joven marroquí afincada en Francia que pasó días intentando que las autoridades confirmaran si su hermano Ahmed se encontraba dentro; o la de Sarah, cuya reacción, marcada por los gritos y llanto de alivio, se hizo viral la noche en la que uno de los agentes que custodiaba la entrada al muelle le enseñó la foto de su hermano desaparecido.

En medio de la crisis, el muelle recibió al ministro del Interior Fernando Grande‑Marlaska y la entonces ministra de Política Territorial Carolina Darias, además del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Aquellas visitas no se tradujeron en ninguna medida cortoplacista y la relación con los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana era cada vez más tensa, hasta tal punto que pasaron al ataque.

Cuando a finales de noviembre de 2020 la Delegación del Gobierno «liberó» a más de 220 migrantes del campamento sin destino cierto, la alcaldesa Onalia Bueno encargó tres guaguas para trasladarlos hasta la plaza de La Feria, frente a la sede de la Delegación y al Consulado de Marruecos como medida de presión. Dónde iban a dormir esa noche iba a ser sí o sí responsabilidad del Estado.

También se intentó apretar las tuercas por el lado del sector hotelero. Poco después de que se levantara la cuarentena, los consistorios anunciaron multas a los propietarios de los establecimientos que pasado el 31 de diciembre siguieran ofreciendo sus habitaciones a la emergencia humanitaria. Por un lado, porque de nuevo se buscaba la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez y, por otro, porque aquella imagen no era compatible con la intención de recuperar la actividad turística del municipio. Además, el «encierro» de algunos menores de edad había provocado altercados que ponían en un brete al sector.

En paralelo, brotó un clima de hostilidad en las calles. Entre octubre y noviembre, cientos de residentes de Mogán se manifestaron exigiendo el cierre inmediato del campamento. En diciembre hubo concentraciones no autorizadas frente a complejos hoteleros donde se alojaban migrantes. Unos 30 vecinos, respaldados también por Bueno, marcharon desde Arguineguín hasta esos alojamientos gritando consignas xenófobas.

En redes sociales y algunos medios de comunicación se comenzó a difundir un discurso de miedo que relacionaba la llegada de migrantes con pérdidas en el empleo y el turismo.

Finalmente, el 29 de noviembre trasladaron a las últimas 27 personas que se encontraban muelle. El asfalto volvió a ser aparcamiento y después de una completa desinfección de la zona se trató de borrar todo rastro de 'la vergüenza'. Pero cinco años después, las llegadas continúan saturando otros puertos como el de El Hierro y la pregunta persiste: ¿Canarias ha aprendido algo?

Onalia Bueno, alcaldesa del municipio de Mogán e Iñigo Vila, director de Emergencias de Cruz Roja, vivieron el caos a pie de muelle. Mientras que el Ayuntamiento trataba de hacer frente a la presión de las llegadas frente al abandono institucional, la organización hacía malabares para dar una respuesta humanitaria.

La primera carpa que se instaló en Arguineguín fue el 20 de agosto de 2020 e iba a ser algo temporal, recuerda Bueno mientras recorre el espigón comprobando que, efectivamente, hoy no hay ninguna patera vacía en el agua. La dirigente se convirtió en una figura clave que agitó el avispero del caos, las presiones políticas y la falta de información. «No me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé. Sirvieron para que el Estado reaccionara», asegura.

La situación, pese a no tener competencias en términos migratorios, obligó a la alcaldesa a tomar cartas en el asunto con una actitud, sobre todo, reactiva. Una de las medidas más polémicas fue la contratación de las tres guaguas para trasladar a 220 migrantes a la plaza de La Feria, en la capital grancanaria. Otra, las multas a los hoteles que ofrecieron sus instalaciones como alternativa alojativa. En cualquier caso, Bueno recalca el abandono de Estado, incluso hoy, con la presión focalizada en El Hierro o el problema del reparto de menores.

Pero si se puede sacar algo «positivo» de lo vivido en el campamento, es que Canarias salió reforzada en cuanto a infraestructuras y coordinación para atender a las personas migrantes. Así lo señala Íñigo Vila, responsable de coordinar la primera atención humanitaria y otra de las figuras clave en la gestión de la crisis que se vivió en 2020. «Todas las emergencias tienen unos días de caos, de desorganización, porque superan los márgenes para los que estás preparado —explica Vila—. Pero lo importante es ir tomando decisiones para acometer mejoras dentro de las posibilidades de cada uno».

Respecto a la posibilidad de que se repitan imágenes similares a las de entonces, Vila responde con prudencia: «Si llegan 10.000 personas en dos semanas, no sabemos si volveremos a pasar por ello. Hemos mejorado muchísimo, pero no podemos asegurar que no vayamos a enfrentarnos a situaciones complicadas».

Badr Zoubir llegó a Arguineguín en noviembre de 2020, poco después de desmantelar el campamento. Su trayectoria ha estado marcada por constantes traslados, esperas y decisiones impuestas por la emergencia. Aunque la situación en el muelle había mejorado con respecto al verano, las condiciones seguían siendo precarias. Los migrantes no podían salir del recinto y las derivaciones a península no eran todo lo ágiles que se esperaba, lo que generaba tensiones con las fuerzas policiales.

«Siempre hay dos caras de una misma moneda: en general los voluntarios nos trataron bien. Luego nos tocaron policías buenos y algunos malos que hasta pegaron a gente que no había hecho nada. Igual que también soy consciente de que algunos migrantes vienen y se meten en líos, pero otros no», comenta Zoubir.

Al cabo de tres días, el joven marroquí fue trasladado a los apartamentos Canaima, y no fue hasta febrero de 2021 cuando le derivan al campamento Las Raíces, en Tenerife, uno de los centros más problemáticos en cuanto a condiciones de vida. «Cuando llovía, el agua estaba hasta las rodillas... era un desastre».

Sin embargo, Zoubir supo sacar algo positivo de aquella experiencia y su papel comenzó a cambiar. En Las Raíces, faltos de personal, se convirtió en un referente para mediar entre los voluntarios y los migrantes del centro gracias a sus conocimientos del idioma.

En 2023 consiguió regularizar sus papeles y comenzó a trabajar en hostelería, pero su vocación era otra. Gracias a los contactos que había hecho en Las Raíces y la experiencia adquirida, consiguió un puesto en Cruz Blanca, donde trabaja actualmente dando asistencia a otros migrantes. «No vine para estar en la calle ni arriesgué la vida para nada», resalta. «Ahora tengo una vida estable: tengo un contrato, cotizo, ayudo a otras personas (...) Hay quienes podemos aportar mucho». Para él, la integración no es una meta, sino un camino que quiere seguir recorriendo.

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