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El Gobierno de Canarias ve «claras fallas» en el actual marco legislativo de la tutela de menores, enfocado actualmente en los nacidos dentro de la comunidad, de ahí que la principal competencia recaiga en la administración autónoma. «El gran aumento de la llegada de pateras, entre las que viajan cada vez más menores, obliga a darles también una respuesta humanitaria, pero es imposible que Canarias asuma ese volumen», indicó este viernes en rueda de prensa Ángel Víctor Torres.
Las islas acogen a alrededor de 2.600 niños y niñas inmigrantes, una cifra sin precedentes que está poniendo al límite a los centros de acogida y los recursos económicos destinados a esta problemática. «Nuestra capacidad presupuestaria es limitada e insuficiente. Hablamos de números actuales, sin contar con la gente que sigue llegando, y somos los que soportamos la mayor presión de ese coste», declaró.
Es por ello que el presidente canario ha apelado nuevamente a la «corresponsabilidad, que no solidaridad» del resto de comunidades autónomas, así como de las autoridades europeas. Unas declaraciones a las que se ha sumado el director general de Save the Children, Andrés Conde, tras una reunión mantenida ayer para analizar la situación de los menores inmigrantes en las islas. Ambos adelantaron que elevarán sus demandas de manera conjunta en sendas comparecencias en las comisiones del Senado y del Parlamento Europeo en las próximas semanas.
Con respecto a la derivación de menores a la península, Torres reconoció que se trata de un procedimiento administrativo «complejo» que requiere la firma de convenios y formación de personal, pero que algunas comunidades como Castilla y León, País Vasco y La Rioja ya han dado respuesta. Actualmente está confirmado el traslado de 120 y se prevé llegar a unos 200, cifras, en cualquier caso «insuficientes».
Sobre la problemática de las pruebas de la determinación de edad, coincidió en la importancia de trazar «mecanismos inmediatos» para agilizar el proceso. En términos sanitarios, indicó Torres, «hace falta una contratación urgente para que se activen las pruebas forenses precisas» y se priorice a alrededor de 600 casos que podrían no ser menores.
Por su parte, Conde ha manifestado su preocupación por «la ausencia de una estrategia coordinada entre Estado y autonomías», así como la necesidad de un protocolo de llegadas que tenga en cuenta la atención a los menores y la identificación de perfiles de especial vulnerabilidad como víctimas de trata o refugiados. En este sentido, consideró que los esfuerzos de las instituciones locales son loables y que las condiciones residenciales en los centros «son muy buenas». Sin embargo, ve esencial reforzar la atención pisco-social: «Vienen de un contexto difícil y han vivido un infierno en su viaje, pero cuando llegan la situación, en términos psicológicos, no es mucho mejor: sigue habiendo una gran incertidumbre con respecto a su futuro y hay un gran temor al rechazo social», explicó.
Por otro lado, en el foro internacional, el presidente canario también exigirá una redefinición del nuevo pacto de la asilo de la Unión Europea, que delega la resolución del fenómeno migratorio en manos de las regiones receptoras. «Si no se logra una política que nos satisfaga a todos y que se equitativa, se pedirá a los países fronterizos que veten ese acuerdo para que no salga adelante», manifestó Torres.
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