Un problema enquistado hace décadas

En 2005, Manolo Collado superó un concurso oposición como Técnico Superior de Empleo y es orientador de la oficina del Servicio Canario de Empleo (SCE) en Telde. Entró a trabajar con un contrato de seis meses que se fue prorrogando y, cuando llevaba en esta situación cuatro o cinco años, recurrió a la Justicia que lo declaró personal indefinido no fijo. Desde entonces sigue trabajando de manera continuada «en fraude de ley» y en un puesto estructural -porque no sustituye a nadie-. El SCE, indica, «nunca ha hecho ninguna oposición y mi plaza nunca ha salido a concurso». Si ahora se convocara una OPE, «tendría que volver a competir a pesar de que ya aprobé un concurso oposición», dice.

Collado es uno de los 3.000 empleados públicos de la administración general de la comunidad autónoma que ha decidido dar un paso al frente y respaldar una huelga indefinida para reclamar estabilidad. Rechazan que después de muchos años prestando servicio en la administración se les someta a una prueba de libre concurrencia. Y es en este punto donde se encuentra su gran desacuerdo con la Consejería de Administraciones Públicas, que personalizan en la directora de Función Pública, Laura Martín.

La administración general de la comunidad autónoma cuenta con una plantilla de 11.000 personas, la mayoría mujeres y con una media de edad de 50 años. De este colectivo, en torno al 30% -3.959 personas- son temporales o interinos que ahora reclaman fijeza en su puesto.

Los sindicatos convocantes de la huelga -Sepca e Intersindical Canaria- y la Plataforma de empleados públicos en fraude de ley en Canarias (Pefralca) entienden que el Gobierno de Canarias es competente para dictar normas con el actual ordenamiento jurídico que pueda dar una salida a su situación laboral y acabar con el conflicto que esta semana ha vivido sus dos primeras jornadas de paro. Defienden que las ofertas publicas no pueden ser de libre concurrencia, sino restringidas, porque de otra manera «no resuelven el abuso de temporalidad ni compensa a las personas objeto de ese abuso».

Los trabajadores temporales rechazan que los puestos que vienen ocupando durante una media 15 o 20 años se oferten en la OPE anunciada por el Gobierno -que finalmente no fue convocada- para dar estabilidad a unos 1.500 empleados, prácticamente la mitad de los que se encuentran en situación de temporalidad. Esta convocatoria quedó en suspenso hasta finales de este año en espera de que el Estado introduzca cambios en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Los afectados se sienten respaldados por la sentencia emitida el pasado mes de marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Consideran que este fallo invalida las OPE como fórmula para dar estabilidad al personal interino, además de plantear indemnizaciones para los trabajadores objeto de «abuso de temporalidad». La vicepresidenta de Pefralca, Julia Jiménez, insistía esta semana, en una concentración celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, que cualquier solución debe reconocer «la supremacía del derecho comunitario» ante la actual situación de los trabajadores temporales que se enfrentan a un despido «gratuito y sin ningún tiempo de compensación».

Uno de los sindicatos que no respalda esta huelga, CC OO, discrepa de esta interpretación de la sentecia europea. Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC), su responsable, Ana González, señala que «lo que hace Europa es echar una bronca a España porque abusa de la temporalidad» e insta a corregir la situación. Pero el fallo, puntualiza, «no dice que se dejen fijos por la cara, sino que España debería indemnizar a los afectados».

Las ofertas extraordinarias de consolidación y estabilización del empleo público son fruto del acuerdo firmado en 2017 por Cristóbal Montoro (PP) con los sindicatos mayoritarios a nivel nacional -CC OO, UGT, y CSIF- con el objetivo de que en tres años, hasta 31 de diciembre de 2020, se fueran convocando los procesos para estabilizar los puestos de los empleados públicos y con el objetivo último de reducir la temporalidad a un 8%. Este acuerdo ha sido prorrogado hasta final de 2021.

Pero este proceso pactado a nivel nacional ha sido rechazado en el archipiélago por los sindicatos mayoritarios, Sepca e Intersindical, que además se niegan a negociar con la directora general de Función Pública, Laura Martín, a la que reiteradamente acusan de no tener voluntad política para encontrar una solución. Por eso, reclaman sentarse con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.

Martín sostiene que la administración se ha comprometido desde el principio a hacer todo lo posible por dar fijeza a sus trabajadores, pero «debe ser en el marco de la Constitución». Puntualiza que en la convocatoria anunciada para diciembre del año pasado solo se planteó la OPE -«un catálogo de los puestos que la administración va a ofertar para que se cubran»- pero no se ha hablado de oposición, por lo que hay margen en el desarrollo de las bases para encontrar la fórmula que dé una salida satisfactoria a todas las partes en este conflicto. Asegura la directora general que la administración mantiene la «mano tendida» a los trabajadores pero «lo que no puede hacer, con la ley en la mano, es evitar que cualquier ciudadano pueda concurrir», pero sí plantear propuestas que valoren la experiencia de los empleados.

La otra pata de este conflicto son los sindicatos que no se han sumado a las movilizaciones y que firmaron el acuerdo estatal para la consolidación del empleo público. La responsable de la FSC de CC OO Canarias, Ana González, explica que su organización no apoya la huelga «porque todavía no ha empezado la negociación de las bases de cómo va a ser la fijeza del personal».

En estas circunstancias, llevar a la huelga a un colectivo «no es correcto», dice, sobre todo porque una medida de presión tan importante «nos puede hacer falta más adelante, cuando las negociaciones estén muy paradas o con posturas muy diferentes». En su opinión, lo que plantean los temporales «no está dentro de la normativa. Otra cosa es que se cambie, pero ahora mismo hacen una propuesta que no está dentro de la Constitución ni del Estatuto Básico del Empleado Público». La propuesta de CC OO pasa por un concurso de méritos para el personal laboral, pero insiste en que para el personal funcionario o estatutario debe ser concurso oposición «porque lo dice la ley».

Para este sindicato, lo importante es que la oferta amplíe todo lo posible el personal a consolidar, «porque supondrá que tendremos menos temporales». En este sentido, le «preocupa», por una parte, que las plazas sean ocupadas de manera permanente y atender a este personal que lleva años de servicio y no ha tenido ninguna posibilidad de estabilizar su puesto, y por otra, preservar el empleo público, «porque a medida que se jubilan los empleados», dice, «se privatizan más servicios».

Señala la dirigente de CC OO que que la directora general ya ha aceptado en una mesa previa que la mayor parte de los laborales vaya a concurso de méritos, mientras que otra parte, el personal «técnico», acuda a concurso oposición. A su juicio, la ley de la Función Pública Canaria permite que todos concurran a un concurso de méritos.

La temporalidad en cabildos y ayuntamientos supera con creces la media que se registra en la administración regional. Si en la comunidad autónoma la tasa ronda el 33%, en las corporaciones locales «facilmente alcanza el 40» señala la responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSP) de CC OO, Ana González. En algunos ayunatmientos pequeños, dice, la temporalidad alcanza al 100% de su plantilla.