El presidente de Identitarios rechaza ser autor de comentarios xenófobos por los que se le juzga

La Fiscalía pide tres años de cárcel y el pago de 2.000 euros mientras que la defensa sostiene la inocencia absoluta de su cliente ante la falta de pruebas de que los comentarios fueran suyos o que era administrador o propietario del grupo, según esgrime.

La denuncia fue presentada un día antes de que se celebrara el 21 de noviembre de 2020 una manifestación en Santa Cruz de Tenerife autorizada por la Subdelegación del Gobierno en protesta por la llegada de inmigrantes.

El acusado rechazó que la convocatoria tuviera tintes xenófobos, que se hubieran producido episodios violentos, que hubiera incitado al odio o acabara frente a un hotel en el que se alojaban algunos inmigrantes.

El objetivo de la manifestación, según dijo el presidente de Identitarios, una escisión de Vox, era simplemente «salvar nuestra identidad, porque como decía el lema sin integración no hay inmigración».

En definitiva, según declaró, «se trataba de que los ciudadanos tuvieran conciencia de que la inmigración supone un problema que afecta a la sociedad y pensamos que como partido estábamos obligados a dar nuestra opinión que coincidía con la de miles de canarios».

El procesado negó que fuera administrador de este grupo formado por 74 personas y que cuando lo incluyeron en el mismo llevaba tiempo creado.

Su participación, ha alegado, se limitó a colgar una entrevista de ocho minutos de cuyo contenido nadie pudo dar datos concretos y a continuación abandonó el chat, «ante los comentarios y burradas desafortunadas que rozaban los surrealista, aquello estaba lleno de locos y pirados. No sé ni quiénes los hacían ni por qué pero lo que sí puedo decir es que no eran miembros de mi partido», ha alegado.

Descartó que en la entrevista que apareció en el grupo vertiera ningún tipo de comentario racista, «ni un gramo, sólo eran opiniones basada en datos objetivos»; y dijo desconocer las conversaciones de antes de que entrara en el chat.

Para demostrar que no era xenófobo dijo que a su madre la cuidaba una mujer magrebí y que en su empresa ha contratado en varias ocasiones a inmigrantes.

La denunciante declaró que se decidió a poner los hechos en conocimiento de la Justicia después de que un amigo le enseñara los comentarios vertidos en los que se hablaba de exterminar a este colectivo.

Dijo que no había visto el video, no sabía si el acusado era administrador pero sí que era miembro del mismo, que leyó «auténticas barbaridades que incitaban al odio!; que todo se basó en los pantallazos que le hizo llegar un amigo y que la manifestación la vio de lejos.

El otro denunciante sí fue rotundo al asegurar que el acusado era uno de los administradores del chat y que aparecía su foto y nombre y el contenido le pareció «tan indignante» que remitió el contenido a varios amigos. Recuerda que a los pocos días de presentar la denuncia el grupo había desaparecido.

La defensa presentó como testigo a una mujer extranjera que llevaba varios años en Tenerife que participaba en este chat, quien aseguró que el acusado lo había abandonado al poco tiempo y que las expresiones que vertió siempre le parecieron razonables.

La fiscal se ratificó en sus peticiones, llamó la atención de que este partido, una escisión de Vox, se formó poco antes de la convocatoria y que su culpabilidad quedaría clara por las expresiones «humillantes, llenas de discriminación y vejatorias», y que está segura de que el procesado era el administrador.

La defensa mantuvo que no se había aportado ninguna prueba de la participación del acusado en este hechos, más allá de haber puesto el vídeo de la entrevista y varios pantallazos en los que no hay comentarios suyos.

El procesado se lamentó de haber tenido que venir desde Toledo para asistir a este juicio con los gastos que conlleva aunque uno de los denunciantes dijo que se había abierto una colecta.