Lluvia de millones a cambio de maltrato: «Nos roban y aplican sanciones ilógicas»

«No nos tratan bien. Nos roban nuestro dinero y aplican normas que nadie puede entender. Realmente necesitamos tu ayuda». Tiene apenas 16 años y se desenvuelve con la desesperación propia de alguien que se siente desamparado. Y no es para menos, pues está solo. Es uno de los más de 2.800 menores migrantes no acompañados que han arribado a Canarias en lo que va de año y no tiene familia ni en las islas ni en Europa. Ahora está en un centro del sur de Gran Canaria, en el que, asegura, «nada está bien». «El problema son los responsables, no quieren lo mejor para nosotros, aplican sanciones que no son lógicas», enfatiza.

La denuncia de Boy (nombre ficticio que se le atribuye por su seguridad) vuelve a poner el foco sobre la atención que brindan los centros de acogida canarios a los menores migrantes no acompañados. Todo ello cuando las entidades que gestionan estos recintos recibieron 89,86 millones de euros este 2025 para el cuidado y bienestar de estos jóvenes.

La realidad que relata Boy está en las antípodas de este objetivo. Es natural de Senegal y alcanzó las costas de El Hierro hace aproximadamente seis meses. «Allí fuimos bien recibidos», afirma. Luego pasó por Tenerife y terminó en la isla redonda: «He estado en tres centros diferentes, pero nunca he visto este tipo de situación».

Parte de la crispación del chico tiene que ver con el dinero que ofrecen este tipo de centros a los jóvenes en concepto de paga. De los 10 euros que deberían recibir, asevera, solo perciben entre un euro y un euro cincuenta a la semana. «Nos quitan nuestra libertad total», resume en un mensaje escrito en francés.

Sin embargo, su reivindicación va más allá de lo meramente económico, pues señala que el centro no organiza ningún tipo de actividad ni educativa ni deportiva, ya sea dentro o fuera de sus cuatro paredes. Según su testimonio, el tiempo de ocio de los chicos en el exterior se limita a los sábados y domingos.

El joven calcula que en el centro habitan alrededor de 60 personas y tiene la certeza de que no todas son menores, por lo que la convivencia sería, a todas luces, ilegal. Con todo, sus palabras dibujan un escenario claustrofóbico y desesperante, en el que muchos jóvenes no tienen cómo ocupar el tiempo.

Boy también se detiene en las sanciones más habituales que se aplican en el recinto, como es «limpiar todo el patio o comer en el segundo turno», lo que puede suponer aislamiento o la privación de ciertos alimentos por haberse agotado en la primera tanda. Después tocaría limpiar todo el comedor. Unos «castigos» que, insiste, no están justificados.

Del mismo modo, expone situaciones de abuso de poder y chantaje por parte del personal, con frases como: «Si no me caes bien, te provoco, y si reaccionas, te pongo una sanción de un mes o más».

No obstante, puntualiza que «rara vez» se han producido episodios de violencia física o verbal, aunque sí se han dado casos. Él mismo resultó herido en un altercado en el que intervinieron trabajadores y por el que tuvo que recibir tratamiento médico (aporta pruebas que respaldan su relato). «No he vivido aquí un día normal, siempre fatal y enfadado, con falta de confianza», lamenta.

El menor, que hay que recordar que está solo en Canarias, manifiesta una desesperación total, al asegurar que no puede acudir a ningún responsable del centro para pedir ayuda. «Así son las normas», es la única respuesta que ha obtenido cuando lo ha hecho.

Dice que también ha trasladado lo que sucede en el recinto a la Policía Nacional, sin recibir soluciones a cambio: «Por eso ya no confiamos, nadie hace nada».

La denuncia de Boy no es aislada. Otros menores migrantes han alzado la voz contra la atención que han recibido en los centros canarios que los acogen. Algunos casos, incluso, han llegado a los juzgados, como es el de la entidad Quórum 77, acusada de maltratar a los chicos, la Asociación Oportunidades de Vida, que supuestamente explotaba laboralmente a los jóvenes, o la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, por presuntamente malversar fondos públicos que debió destinar a estos menores.

Boy aprendió a caminar, a hablar, a leer, a hacer la vida en Senegal, su país natal. Allí no estaba de brazos cruzados, pues desempeñaba un oficio: era pescador. Se embarcó en un cayuco en busca de oportunidades, más concretamente de un trabajo. Su One Piece personal. Su viaje en el Atlántico, en la ruta migratoria más mortífera del planeta, se prolongó durante cuatro días, con sus noches. ¿Sintió miedo entonces? La pregunta cae por sí sola en el absurdo: «Ningún miedo, soy pescador», recuerda.

Ahora tampoco está de brazos cruzados. Se siente «demasiado grande» para ir a la escuela, pero no para seguir cultivándose a través de la formación profesional en un centro de la isla redonda.

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