La Fiscalía señala a Menores en el retraso de las pruebas a inmigrantes

La fiscal decana de Menores de Las Palmas, Aurora Pérez, ha asegurado que resulta «esencial» agilizar la determinación de la edad de las personas que llegan en pateras a las islas para reducir el problema de la sobreocupación de los centros. En estos momentos, el Gobierno de Canarias tutela a 2.652 inmigrantes que aseguran ser menores, de los que en realidad ignora la edad de casi el 75%, la mayoría concentrados en la provincia de Las Palmas.

Para la Fiscalía, uno de los principales embudos se encuentra en la falta de refuerzos forenses de la dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, que no disponen de un servicio de guardia para coordinarse con los centros, una competencia que recae en la comunidad autónoma. «El problema es que como nosotros sí que estamos las 24 horas los siete días a la semana, muchas veces nos llama la policía cuando no sabe a qué recurso puede enviar a un menor, pero solo podemos ejercer nuestras funciones», indica Pérez. «Eso podría desatascar la situación y nos podríamos quitar un 35% de las personas que están ocupando unas plazas que no les corresponden».

Sobre las 2.016 pruebas pendientes para verificar si los que dicen ser menores no acompañados han cumplido o no la mayoría de edad, el Ejecutivo canario ya gestiona con la Fiscalía, la Policía, Sanidad y el Instituto de Medicina Legal una reordenación para dar prioridad absoluta a los 600 casos que resultan más sospechosos. En principio, las radiografías óseas en que se basa el proceso se seguirán realizando en los centros públicos, si bien la Fiscalía Provincial de Las Palmas aceptó en su momento la petición de acudir a la vía privada para mayor celeridad. «Nosotros no tenemos inconveniente en los medios que se empleen. Lo importante es que la Administración haga las pruebas con todas las garantías», señala Pérez. Según la dirección general, se ha descartado la externalización porque el Servicio Canario de la Salud ha garantizado que podrán hacer en Las Palmas unas 100 pruebas semanales para comenzar a reducir la larga lista de expedientes pendientes. Otra de las medidas será permitir a las ONG que gestionan los centros llevar a los menores, de manera excepcional, a realizarse las pruebas, si bien los resultados siempre serán entregados a la Policía para garantizar la cadena de custodia.

En cualquier caso, la fiscal asegura que «algo no está funcionando», aunque no se ve capaz de precisar si se trata de falta de coordinación o de medios. «Lo cierto es que se están fugando de los centros, está habiendo incidentes y, a veces, la cualificación del personal no es la idónea para tratar con estos jóvenes».

A esta eventualidad se le suma el contexto de la pandemia, que ha obligado al Ministerio Público a adaptarse. Desde el confinamiento, indican, no se han podido realizar inspecciones presenciales en los centros de menores sino por videoconferencia, por lo que su capacidad de supervisión ha quedado mermada. «Llegamos a donde llegamos», se lamenta Pérez. «No es el mejor escenario, pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles».

Otro de los grandes problemas derivados de esta situación es el supuesto aumento de la criminalidad protagonizada por menores no acompañados. A pesar de que la Fiscalía no cuenta con cifras oficiales para este año, Aurora Pérez asegura que en los últimos meses se ha incrementado el número de denuncias que llegan al Ministerio Público, tanto de fugas como de incidentes dentro y fuera de los centros. Sin embargo, «la mayoría de estos comportamientos disruptivos están encabezados por adultos que se camuflan» y terminan sembrando un clima de agresividad. Precisamente, lo que reitera la fiscal es la necesidad de afinar los procesos para proteger a los menas de quienes se amparan a la Ley del menor para evitar sanciones o una deportación.