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Imagen de archivo de personas esperando para solicitar la ayuda estatal en Canarias. JUAN CARLOS ALONSO
El Estado rechaza el 84% de las peticiones isleñas de Ingreso Mínimo

El Estado rechaza el 84% de las peticiones isleñas de Ingreso Mínimo

De los 43.000 expedientes solicitados en las islas para acceder a la prestación, el Ministerio de Escrivá solo ha admitido 6.916

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de marzo 2021, 00:00

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El alto nivel de retrasos y denegaciones en las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Canarias son «preocupantes» en tanto que las cifras de paro y riesgo de pobreza continúan afectando a un gran número de familias pendientes de este tipo de prestaciones para sobrevivir. El Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones ha rechazado el 84% de las demandas y hasta el año pasado, de los 43.000 expedientes presentados en las islas, solo admitió 6.916. Es decir, más de ocho de cada diez peticiones fueron denegadas, un porcentaje superior a la media del resto del país.

El director de Derechos Sociales del Gobierno regional, Javier Bermúdez, atribuye estos datos, por un lado, a las diversas modificaciones de una ley que se está «ajustando según se detectan los fallos». Por otro, el trámite implica un contraste de renta y patrimonio del último año y un cruce de datos con las haciendas, además de otros requisitos que alargan el tiempo de espera. «Hay que tener en cuenta que también hablamos del diseño de una prestación estatal con la pandemia como contexto», indica Bermúdez. «Se ha tenido que tirar mucho de la presentación por sede electrónica y eso ha repercutido en el nivel de orientación de los solicitantes y en la brecha digital, que requiere que la persona tenga ciertas competencias».

Así, el desarrollo reglamentario y el laberinto burocrático repercute negativamente en su puesta en marcha, aunque desde el punto de vista del director general «a pesar de que los resultados no estén siendo los esperados, es una iniciativa sin precedentes que ha venido para quedarse». En este contexto, Bermúdez asegura que en los próximos años será necesario «reforzar el sistema de protección a las personas vulnerables, y las administraciones públicas deben garantizarlas en el momento en que más lo necesitan». Es por ello que desde Derechos Sociales se proponen velar porque los requisitos que se piden para acceder a esta prestación no se terminen convirtiendo en «obstáculos».

En este sentido, indica que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se ha adaptado con la perspectiva de dar cobertura a esas familias con mayor agilidad. «Una de las modificaciones que introdujimos fue que para solicitar la prestación, que es el último recurso en la red de protección, no se necesitara tener aprobado el IMV, porque si iba a tardar tanto la resolución se iban a quedar meses desprotegidos. De esa manera podríamos cubrir las necesidades económicas solo con presentar la solicitud del ingreso mínimo», indica Bermúdez.

DATOS

  • Desempleo El archipiélago tiene actualmente 283.477 parados, según el Ministerio de Trabajo, una cifra que ha incrementado en un 36,39% con respecto a febrero de 2020.

  • Pobreza Alrededor de 700.000 isleños viven bajo el límite de la pobreza relativa. Un 35% de la población frente a la media del 22% a nivel nacional.

  • Salarios El salario medio en Canarias ha caído un 12,8% interanual según los últimos datos, y se ha situado como el más bajo de todo el país con 1.281 euros mensuales.

Según los últimos datos, 7.357 hogares están percibiendo la PCI y otros 8.944 cobran el IMV, unas cifras aún lejos de lo que aspira la comunidad autónoma. A ello se suman las 700 familias que combinan ambas prestaciones de forma complementaria, ya que sus ingresos totales no superan las cuantías máximas establecidas por la ayuda estatal. En esta línea, el jueves el Gobierno canario acordó ampliar hasta final de año el plazo en el que se podrán compatibilizar para evita que familias vulnerables deban devolver las cantidades percibidas.

Por otro lado, en trámite continúa el anteproyecto de la Ley de Renta para la Ciudadanía, un escudo social que ya existe en otras autonomías y que comenzará a implantarse previsiblemente antes de finales de este año por fases. La norma proyecta ayudas que vendrán a ampliar la PCI de manera «ambiciosa» al incluir mejoras en las rentas de inclusión social y la de los jóvenes, además de complementos a los ingresos del trabajo, la vivienda, la educación y las pensiones no contributivas, entre otros.

Canarias se suma a la mejora del proceso burocrático

El Gobierno de Canarias hace suyas las peticiones de las ONG para mejorar la tramitación del Proyecto de Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital. Plataformas como RMI Tu Derecho ya han denunciado las «barreras» de acceso a la prestación que introduce la nueva normativa y que unidas a los «evidentes problemas de gestión» está dejando a «600.000 hogares» fuera del sistema. Datos que se asientan en unas condiciones de exclusión del IMV que está generando «desconfianza», según recogen los estudios de estas entidades.

El objetivo de Canarias al mostrar su apoyo es caminar hacia una transición más ágil con respecto a las rentas autonómicas y el ingreso mínimo a través la creación de una «pasarela automática». La propuesta, impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, pretende que se acceda a la prestación estatal desde las rentas mínimas que gestionan las comunidades autónomas, que en el caso concreto del archipiélago sería desde la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el último recurso en la red de protección social.

De hecho, hace unas semanas, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, remitió una carta a sus homólogos en el resto de autonomías solicitando el apoyo a dicha propuesta. La consejera explicó que «siendo el ingreso mínimo vital un instrumento fundamental que da respuesta a una petición social histórica, sus casi diez meses de puesta en funcionamiento han evidenciado la necesidad de algunos ajustes y mejoras que permitan una gestión más ágil y eficaz». Por este motivo, desde Canarias se ha solicitado al resto de comunidades autónomas su apoyo a esta enmienda que pretende añadir al texto legislativo una nueva Disposición Transitoria por el que las personas que tienen reconocida una prestación de alguna de las rentas mínimas de las comunidades autónomas puedan acceder automáticamente al IMV. Con ello, se reduciría el trámite burocrático y, previsiblemente, la espera.

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