El Estado rechaza el 84% de las peticiones isleñas de Ingreso Mínimo

El director de Derechos Sociales del Gobierno regional, Javier Bermúdez, atribuye estos datos, por un lado, a las diversas modificaciones de una ley que se está «ajustando según se detectan los fallos». Por otro, el trámite implica un contraste de renta y patrimonio del último año y un cruce de datos con las haciendas, además de otros requisitos que alargan el tiempo de espera. «Hay que tener en cuenta que también hablamos del diseño de una prestación estatal con la pandemia como contexto», indica Bermúdez. «Se ha tenido que tirar mucho de la presentación por sede electrónica y eso ha repercutido en el nivel de orientación de los solicitantes y en la brecha digital, que requiere que la persona tenga ciertas competencias».

Así, el desarrollo reglamentario y el laberinto burocrático repercute negativamente en su puesta en marcha, aunque desde el punto de vista del director general «a pesar de que los resultados no estén siendo los esperados, es una iniciativa sin precedentes que ha venido para quedarse». En este contexto, Bermúdez asegura que en los próximos años será necesario «reforzar el sistema de protección a las personas vulnerables, y las administraciones públicas deben garantizarlas en el momento en que más lo necesitan». Es por ello que desde Derechos Sociales se proponen velar porque los requisitos que se piden para acceder a esta prestación no se terminen convirtiendo en «obstáculos».

En este sentido, indica que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se ha adaptado con la perspectiva de dar cobertura a esas familias con mayor agilidad. «Una de las modificaciones que introdujimos fue que para solicitar la prestación, que es el último recurso en la red de protección, no se necesitara tener aprobado el IMV, porque si iba a tardar tanto la resolución se iban a quedar meses desprotegidos. De esa manera podríamos cubrir las necesidades económicas solo con presentar la solicitud del ingreso mínimo», indica Bermúdez.

Según los últimos datos, 7.357 hogares están percibiendo la PCI y otros 8.944 cobran el IMV, unas cifras aún lejos de lo que aspira la comunidad autónoma. A ello se suman las 700 familias que combinan ambas prestaciones de forma complementaria, ya que sus ingresos totales no superan las cuantías máximas establecidas por la ayuda estatal. En esta línea, el jueves el Gobierno canario acordó ampliar hasta final de año el plazo en el que se podrán compatibilizar para evita que familias vulnerables deban devolver las cantidades percibidas.

Por otro lado, en trámite continúa el anteproyecto de la Ley de Renta para la Ciudadanía, un escudo social que ya existe en otras autonomías y que comenzará a implantarse previsiblemente antes de finales de este año por fases. La norma proyecta ayudas que vendrán a ampliar la PCI de manera «ambiciosa» al incluir mejoras en las rentas de inclusión social y la de los jóvenes, además de complementos a los ingresos del trabajo, la vivienda, la educación y las pensiones no contributivas, entre otros.