El Defensor del Pueblo reclama la libre circulación de los solicitantes de asilo

Tras las numerosas quejas recibidas por este asunto, ha emitido un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

El Defensor del Pueblo ha vuelto a señalar, en su informe sobre la situación migratoria en las islas durante el pasado año, los obstáculos que impone el sistema para que los inmigrantes puedan salir de Canarias y tengan garantizado su derecho al asilo. Una condición que les abre la puerta a la posibilidad de residir y trabajar legalmente, sin que puedan ser deportados a sus países de origen mientras se resuelve la solicitud.

Durante las visitas realizadas el pasado noviembre a más de una veintena de instalaciones en el archipiélago, los técnicos constataron las carencias para atender a los recién llegados en centros residenciales adecuados y que se estaban vulnerando derechos fundamentales como la libre circulación con el argumento del «control migratorio» y el «efecto llamada». Unas restricciones que son objeto de quejas recurrentes ante la institución que dirige Francisco Fernández Marugán, incluyendo las de personas documentadas a las que se les ha bloqueado en los aeropuertos a pesar de tener familiares dispuestos a acogerlos. En este contexto, el Defensor ha tenido que formular un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía.

El documento también revela «imprescindible» la necesidad de «promover traslados a la Península, fundamentalmente de aquellas personas en una situación más delicada», así como la rápida identificación y derivación de los solicitantes de asilo a recursos en otros territorios del país.

Las peticiones registradas por africanos apenas llegan al 7,6%, un dato que la institución achaca a las barreras en el proceso

Esta preocupación viene fundamentada, además, por los datos. A pesar de que 23.000 personas llegaron a las islas en 2020, apenas se registraron africanos entre las casi 4.000 solicitudes de protección internacional. Entre malienses, marroquíes y senegaleses solo llegan al 7,6% del total frente al grueso que representa la comunidad latinoamericana, según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

El análisis que realiza el Defensor sobre ese bajo porcentaje no es la ausencia de refugiados sino que el acceso al procedimiento de asilo se enfrenta a grandes «retos» y «muestra con claridad la urgente necesidad de revisar el papel de dos actores: Policía Nacional y letrados de oficio».

Por un lado, la institución muestra su inquietud por que los migrantes no reciban información comprensible sobre su derecho a la protección internacional, ya que se detectó una «falta de información generalizada, así como carencias en la asistencia letrada y de intérprete» durante las visitas. Es por ese motivo que insta a revisar en profundidad la manera en que se les está comunicando para que no quede en un mero formalismo. «Hay que tener en consideración las circunstancias en las que se producen esas llegadas, tras largas travesías con riesgo para la vida», advierte, indicando que el documento informativo de ser para ellos una «una herramienta» que puedan consultar en ocasiones futuras.

Además, se reconoce que no siempre se les hace el debido seguimiento legal a los inmigrantes, en parte por las limitaciones geográficas, que impiden que el letrado vuelva a contactar con su cliente cuando se traslada de isla o no se le facilita el acceso al centro de acogida humanitaria.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo asegura que la policía juega un papel fundamental en el proceso, ya que la OAR no dispone de personal ni recursos suficientes. El informe justifica que los retrasos «injustificados» en la asignación de citas previas, la realización de entrevistas y la expedición de documentación «compromete gravemente la credibilidad del sistema». En este sentido, la institución hace hincapié en la falta de conocimientos específicos de los agentes en materia de protección internacional, y recomienda que las brigadas de extranjería de la Policía Nacional cuenten con acceso a la formación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) para una mejor atención a personas con necesidades de protección.

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