Cientos de personas esperan en el muelle de Arguineguín., donde llegaron a hacinarse 2.600 personas a finales del año pasado. / Juan Carlos Alonso

Un año de crisis migratoria

Desde el hacinamiento en el muelle de Arguineguín hasta los macrocampamentos y el desbloqueo de las fronteras

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

El año 2020 pilló al Gobierno de España con los pantalones bajados y la puerta abierta. La pandemia concentró todos los esfuerzos de las instituciones para alcanzar la «nueva normalidad» mientras en el archipiélago se gestaba otra crisis sin precedentes desde el año 2006. Más de 23.000 personas llegaron en patera y colapsaron un sistema de acogida que contaba con menos de un centenar de plazas, lo que obligó a los recién llegados a quedarse en el mismo muelle durante semanas.

Las imágenes Arguineguín, donde llegaron a hacinarse 2.600 personas, fueron la evidencia del fracaso de la política migratoria no solo en España sino en toda Europa. Una política basada en la contención de las fronteras y que veía la condición de insularidad como un muro perfecto.

A mediados de noviembre la situación era crítica y muchos africanos permanecían bajo custodia policial durmiendo en el suelo, con un racionamiento de comida insuficiente y escasas condiciones de higieneen un momento en que era obligatorio cumplir los protocolos sanitarios.

Tampoco se garantizaba una asistencia letrada individualizada ni se permitía entrar a los familiares que aguardaban tras el cordón policial para llevarse a casa a sus seres queridos.

La zona, acordonada, era inaccesible para los periodista ni los familiares que venían a recoger a sus seres queridos. / Juan Carlos Alonso

La presión de los colectivos, medios de comunicación y la propia Justicia para desmantelar el campamento improvisado en el sur grancanario llevaron a abrir en un tiempo récord más de 10.000 plazas en hoteles -entonces cerrados por el cero turístico- al tiempo que el ministro José Luis Escrivá anunciaba el denominado Plan Canarias con el que consiguió dotar a las islas de 7.000 plazas propias gracias a financiación europea. Sin embargo, no fue hasta marzo de este año cuando consiguió completarse. El parche de los hoteles no resolvía el gran volumen de personas que seguía paralizada y sin perspectivas de continuar su proyecto migratorio y el resultado fue un incremento de la conflictividad con los vecinos de los municipios afectados, que salieron a la calle en protesta por la situación.

Uno de los episodios más embarazosos tuvo lugar la noche del 17 de noviembre, cuando una orden policial sacó del muelle a 200 personasy las llevó en guagua hasta la Plaza de la feria, en la capital grancanaria, donde permanecieron horas sin saber dónde iban a guarecerse para luego regresar a Mogán. La investigación del suceso llevada a cabo por el Ministerio de Interior solo concluyó que se trató de una «concatenación de errores».

El 29 de ese mes termina por desmantelarse el que ya se conoce como «muelle de la vergüenza» y los migrantes se reubican en macrocampamentos que, una vez más, presentan deficiencias. Sus usuarios se quejan de frío, las duchas, el lodazal en el que se convierte el suelo cada vez que llueve e, incluso, denuncian comida en mal estado en Las Raíces, Tenerife. Allí algunos episodios violentos ocuparon los titulares y aún hoy un grupo de personas acampan a las afueras del campamento en señal de protesta por las precarias condiciones.

Precisamente, una de estas situaciones de tensión provocó la expulsión de 64 personas del Canarias50. Mientras Cruz Roja se negaba a readmitirlos con el argumento de proteger al resto de usuarios, la Delegación del Gobierno guardaba silencio y los vecinos de La Isleta se volcaron en aportar su pequeño grano de arena para ayudarles. Quienes quedaban fuera de los recursos del Estado -forzados o por voluntad propia- se veían abocados a vivir en la calle, lo que volvió ha generar un ambiente de inseguridad. En marzo, un joven africano fue encontrado muerto en la calle Albareda tras semanas durmiendo a la intemperie en un colchón.

Los 64 expulsados del Canarias50 fueron acogidos en la iglesia de San Pedro, en La Isleta. / Arcadio Suárez

Los canarios mostraban, así, las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la crisis humanitaria -que se sumaba a la financiera y la sanitaria- incrementó los discursos de odio hacia los inmigrantes, que durante meses permanecían escondidos por miedo a las represalias policiales y, algunos, recibieron palizas. Por otro, los ciudadanos se organizaron ante la improvisación del Estado y surgieron plataformas como Somos Red, en Gran Canaria, o la Asamblea de apoyo a migrantes de Tenerife, que colaboraban con asistencia a trámites administrativos, clases de español o repartiendo comida.

Libertad de tránsito

Más allá de la falta de infraestructuras había otro problema de base. El Ministerio de Interior mantenía bloqueados los aeropuertos canarios, impidiendo que muchas personas con documentación perdiera su billete de avión para salir de las islas. No fue hasta el fin del estado de alarma, en mayo, cuando se flexibilizó el tránsito, justo después de que un juez ordenara a la Jefatura Superior de Policía de Canarias «el cese cautelar de la vía de hecho consistente en impedir el traslado a la península» y que sirvió de precedente para otras 5.000 personas que no habían podido salir de las islas.

Al alivio de la presión migratoria contribuyeron, también, las derivaciones a península. Entre abril y la primera semana de mayo, el Ministerio de Interior autorizó la derivación de 1.800 personas con la previsión de que al término del mes se alcanzaría entre las 5.500 y 6.000. Sin embargo, a día de hoy se carece de cifras oficiales. Tampoco se conocen las de las deportaciones, ya que si bien se paralizaron durante meses debido a los accidentados acuerdos con Senegal y la tensión con Marruecos -que avivó una crisis diplomática gracias el episodio de Ceuta- Interior solo asegura que «se están produciendo».

Los problemas continúan

La situación en Canarias ha supuesto una mejora con respecto al año pasado, aunque el Estado continúa sin un plan estratégico para afrontar un fenómeno que no prevé separarse del archipiélago. El epicentro de las deficiencias en la red de acogida se desplaza ahora a las islas no capitalinas, donde hay una mayor presión ya que los trayectos desde Tarfaya (Marruecos) o El Aiún (Sahara) hacia Lanzarote y Fuerteventura han ganado peso en los últimos meses. Mientras que el Ayuntamiento de Arrecife bloquea la apertura de la ampliación de la comisaría, que han acondicionado para esa primera recepción, en Puerto del Rosario se han levantado módulos prefrabricados para cubrir las carencias.

En principio, se trata de instalaciones destinadas a custodiar a las personas migrantes durante las 72 horas que exige la ley. Sin embargo, en tiempos de pandemia es obligatorio guardar un periodo de cuarentena y, ante la falta de espacios, este periodo llega a alargarse hasta dos semanas antes de entrar en los recursos del Estado. El Defensor del Pueblo ha reabierto las diligencias en el CATE de Barranco Seco por estas condiciones y el ex juez de vigilancia del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz, apuntaba a este periódico la necesidad de refuerzos para supervisar los centros de inmigrantes con el objetivo de garantizar sus derechos.

La muerte de Nabody conmocionó a toda la población. / EFE

Este cuello de botella es uno de los motivos que mantiene los centros con un nivel de ocupación bajo, además de la apertura de fronteras. Sin embargo, el caso de los menores de edad sigue saturando los recursos. La comunidad autónoma cuenta con 2.700 tutelados y a pesar de que han solicitado ayuda al resto de territorios, solo se han llegado a acuerdos para desplazar a 200. La Consejería de Derechos Sociales ha abierto a lo largo del año 47 espacios y ya no dan a vío: faltan lugares donde ubicarlos, cuidadores cualificados y voluntad política por parte de algunos departamentos. A esto se suman los retrasos en las pruebas de determinación de la edad que, en algunos casos, impide escolarizar a los jóvenes y, en todos, regular su situación administrativa a fin de que puedan conseguir los permisos de trabajo y residencia. En este sentido, Amnistía Internacional denunció en octubre tras un estudio que más de mil menores no acompañados están riesgo de acabar viviendo en la calle en un limbo «sin derechos, excluidos y discriminados».

El Estado continúa sin un plan estratégico para abordar un fenómeno permanente en las islas

La presencia de este grupo vulnerable lleva tiempo preocupando a las instituciones y a las ONG que cifran el porcentaje de menores a bordo de las pateras en más de un 15% este año. Las mujeres embarazadas o que viajan con sus hijos también ha experimentado un incremento, lo mismo que las tragedias en alta mar.

La muerte de Nabody, la niña de dos años que no superó una parada cardiorrespiratoria tras la travesía, fue uno de los sucesos que más conmovió a la sociedad canaria. La tragedia humanitaria sigue, así, cobrándose vidas: al menos 1.800 víctimas contaba un informe de Caminando Fronteras, mientras que naciones Unidas, que se basa en cuerpos recuperados y testimonios solo tiene constancia de 937.

Tres apuntes políticos

  • Conflictos internos. Los enfrentamientos entre los ministerios de Interior y Exteriores dificultan llegar a concensos en las políticas. El último un bloqueó durante meses la modificación de la Ley de extranjería.

  • Parlamento. En septiembre los grupos parlamentarios decidieron crear una comisión de estudio para abordar los problemas del fenómeno y exigir la coordinación a los órganos competentes.

  • Marruecos. La tensión con el país alauita incrementó tras el episodio de Ceuta y sus intereses económicos en las aguas canarias genera desconfianza.