Más control en Mauritania y menos llegadas a las islas a base de «represión y abusos» a los migrantes
Un informe de Human Rights Watch relata la violación de los derechos humanos en el país con el respaldo financiero de la UE y España
Arrestos masivos, detenciones durante días o semanas con poca o ninguna comida, expulsiones colectivas, palizas y torturas son algunos de los abusos que los solicitantes de asilo y migrantes han sufrido en los últimos años a manos de las fuerzas de seguridad en el control fronterizo y migratorio en Mauritania. Un recrudecimiento de los controles que ha provocado una caída del 46% en la llegada de migrantes desde el país mauritano en lo que va de año respecto a 2024, según recoge en un amplio informe Human Rights Watch (HRW), organización dedicada a la defensa de los derechos humanos a nivel mundial.
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Esto no ha impedido que el Gobierno mauritano haya recibido durante años el respaldo financiero de tanto la Unión Europea como el Gobierno de España. En marzo de 2024, con la ruta canaria desbordada por la llegada masiva de migrantes, Bruselas se comprometió a entregar 210 millones de euros para aumentar el control fronterizo y la vigilancia marítima y terrestre mientras que España prometió derivar 300 millones de euros para proyectos de cooperación.
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Esto forma parte del enfoque continuo de externalización de fronteras de la UE en África, que busca prevenir las llegadas irregulares a Europa externalizando los controles migratorios a los países de origen. En Mauritania, la UE y España ya venían aplicando esta estrategia mucho antes de la alianza de 2024, a pesar de las continuas violaciones de los derechos de los migrantes por parte de las autoridades mauritanas.
Este apoyo financiero ha provocado un aumento del control y por consiguiente, que la llegada de migrantes procedentes de Mauritania a las costas canarias se haya reducido drásticamente en lo que va de año pero ¿a qué precio?
Una semana sin comida y orinando en un cubo
Uno de los pasajes del informe cuenta la historia de un hombre camerunés de 30 años que pasó una semana sin comida en el centro de detención de Le Ksar en Nuakchot, Mauritania, sobreviviendo a base de agua y sin permiso para acudir al baño, viéndose forzado a orinar en un cubo en un rincón de la sala, sin defecar al no recibir ningún alimento. El migrante relata que durante su estancia en junio de 2022, se expulsó a 20 personas de diversas nacionalidades a Mali en condiciones inhumanas. «Es un problema de racismo, creen que no merecemos ayuda por ser negros», comentó.
El informe, de 142 páginas, recoge que entre 2020 y principios de 2025 existieron numerosas violaciones de derechos humanos como la violación y otros abusos físicos; acoso sexual; arrestos y detenciones arbitrarias; condiciones de detención inhumanas; extorsión; confiscación de dinero y objetos de valor a manos de miembros de la policía, la guardia costera o la marina, la gendarmería y el ejército.
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Al financiar, equipar y colaborar durante años con las fuerzas mauritanas para reforzar los controles fronterizos y migratorios sin garantizar salvaguardias adecuadas de derechos humanos, la UE y España incentivaron la represión de la migración y comparten la responsabilidad por los abusos cometidos en Mauritania, señala HRW.
Entre 2020 y 2025, HRW entrevistó a 223 personas para documentar los abusos y violaciones cometidos en Mauritania
En algunos casos, fuerzas españolas estuvieron presentes durante detenciones y arrestos abusivos de personas migrantes por parte de las autoridades mauritanas. La UE también financió la renovación de dos antiguos centros de detención de personas migrantes, cuya reapertura está prevista para este año con el fin de albergar a personas interceptadas o rescatadas en el mar, documenta HRW en el informe.
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Asimismo, reflejan que las fuerzas de seguridad mauritanas sometieron con frecuencia a migrantes y solicitantes de asilo de países africanos a acoso y detenciones arbitrarias. Las autoridades atacaron a personas o grupos basándose en información o suposiciones de que eran indocumentados, planeaban salidas irregulares a países del norte de África o España, o estaban involucrados en el tráfico ilícito de migrantes.
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