Colectivos de Canarias denuncian un «golpe judicial» en la condena sin sentencia al fiscal general

Sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanía democrática de Canarias se concentraron frente a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas para denunciar lo que consideran «una vulneración del Estado de derecho» por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el pasado 20 de noviembre hizo público un fallo condenatorio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sin acompañarlo de la sentencia completa.

Los convocantes, que eligieron el Día de la Constitución para la protesta, aseguran que no se trataba de una celebración sino de «una denuncia pública» ante lo que describen como un precedente «gravísimo»: la existencia de una condena penal sin hechos probados, sin fundamentos jurídicos y sin motivación escrita, más de dos semanas después de hacerse público el fallo.

El comunicado leído durante la concentración recuerda que, según el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una sentencia debe contener hechos probados, fundamentos de derecho y parte dispositiva para ser válida. Los colectivos sostienen que lo difundido por el Supremo el 20 de noviembre es únicamente el fallo, «carente de motivación» y, por tanto, contrario al artículo 120.3 de la Constitución, que exige que todas las sentencias sean motivadas.

El Supremo había admitido que «la sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos», una expresión que para los convocantes resume el problema: «una sentencia pendiente de redacción no existe, y lo que no existe no puede surtir efectos».

Los colectivos denunciaron además una «acumulación de irregularidades» que, a su juicio, pone en duda la imparcialidad objetiva de la Sala Segunda. Tres de los cinco magistrados que firmaron la condena —Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, impartieron los días 17, 18 y 19 de noviembre clases remuneradas en un curso del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), entidad que ejercía como acusación popular y fue la primera en presentar querella contra García Ortiz.

También recordaron que Del Moral dirigió durante años tesis doctorales de abogados de las acusaciones, y que en enero de 2025 recibió un premio del ICAM en un acto presidido por el decano del colegio, quien presentó la primera querella.

A ello se añade, según el manifiesto, la revelación pública por parte del presidente del tribunal, Martínez Arrieta, de que debía «poner la sentencia del fiscal general del Estado», una frase pronunciada en el curso del ICAM el 18 de noviembre y que vulneraría el secreto de deliberación del artículo 233 de la LOPJ.

Para los convocantes, estas circunstancias constituyen un caso de lawfare: «uso instrumental del derecho como arma política para desplazar al Fiscal General mediante un proceso viciado». Por ello, exigen la recusación de los cinco magistrados que votaron la condena, la repetición del juicio con un tribunal diferente y la publicación inmediata de la sentencia completa.

Entre las cuestiones que quieren ver aclaradas figuran el uso en el fallo del término «datos reservados», que, afirman, no aparece en el tipo penal aplicable, así como la supuesta ausencia de una norma que prohibiera divulgar la nota de la Fiscalía Provincial de Madrid que dio origen al proceso.

La concentración coincidió con el 47º aniversario del referéndum que aprobó la Constitución de 1978. Lejos de celebrarlo, los colectivos aprovecharon la fecha para denunciar que la Carta Magna «ha dejado de ser garantía de derechos» y que sus principios son «sistemáticamente vulnerados por quienes juran defenderla».

El manifiesto menciona la reforma del artículo 135 en 2011, la impunidad del rey emérito y ahora la condena sin sentencia al Fiscal General como ejemplos del «desgaste» del marco constitucional. En este contexto, los participantes reclamaron la apertura de un proceso constituyente «que devuelva la soberanía al pueblo y someta a todos los poderes al control democrático».

El acto concluyó con un mensaje rotundo: «Ni acatamos ni respetamos esta condena», afirmaron los colectivos, que consideran que aceptar este precedente supondría renunciar a derechos básicos como el derecho a motivación de las sentencias y el derecho a un tribunal imparcial.

«Una justicia sin imparcialidad no es justicia: es poder arbitrario», proclamaron ante la Ciudad de la Justicia. «Y el poder arbitrario no merece respeto: merece resistencia».

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