Cien centros y casi 5.000 menores en el momento de mayor colapso del sistema de acogida en Canarias
Desde 2020, el Gobierno ha recurrido a entidades del tercer sector para atender a los menores tutelados
Luisa del Rosario González y Darío Ojeda
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 11 de octubre 2025, 23:25
Las entidades contratadas por el Gobierno de Canarias para atender a los menores migrantes no acompañados llegados al archipiélago han desplegado una red de 100 centros que ha llegado a acoger a casi 5.000 niños y adolescentes en su pico más alto.
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El aumento del flujo migratorio y las restricciones sanitarias por la pandemia de la covid crearon un cuello de botella que colapsó el sistema de acogida y llevó al Ejecutivo a recurrir a organizaciones del tercer sector para atender a los tutelados. Esa situación excepcional ya ha cumplido más de cinco años y los menores acogidos aún se cuentan por miles.
Desde enero de 2020, 14 entidades han gestionado hasta 100 centros, la mayoría situados en Gran Canaria y Tenerife, según la información proporcionada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias tras una solicitud de acceso a la información pública.
La Asociación Quórum Social 77 ha sido la entidad con más centros y que más menores ha acogido. Solo en Tacoronte (Tenerife), donde ha llegado a tener abiertos a la vez hasta seis dispositivos de acogida, ha llegado a atender más de 500 menores en un mes.
El sistema de acogida sufrió una gran tensión en dos momentos. El primero fue tras el verano de 2020, cuando el número de menores tutelados se multiplicó por cuatro: pasó de 343 a finales de agosto a 1.441 en noviembre. Dos años después, los acogidos casi se duplicaron en solo un mes: de los 1.984 en septiembre de 2023 a los 3.585 en octubre.
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El pico se alcanzó en diciembre de 2024, con 4.752 menores en 81 centros. En ese momento, Quórum gestionaba 26 dispositivos que acogían a 2.579 menores, más de la mitad de todos los tutelados en Canarias. Desde entonces, el número de menores acogidos en los centros ha descendido. A cierre de julio, el último mes para el que hay datos disponibles, seguían acogiendo a 4.050, el 15% menos que a finales del año pasado.
Por encima de la capacidad ordinaria
Esos números están muy por encima de la capacidad ordinaria del sistema de acogida en Canarias, que el decreto aprobado por Gobierno central en agosto fijó en 737. Esa cifra es cinco veces menor que la cantidad de menores tutelados que el archipiélago acogía en julio.
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El decreto estableció los mecanismos para el traslado desde las comunidades más saturadas a aquellas con plazas libres. Sobre el papel, la norma debía agilizar la salida hacia la península de los menores llegados a Canarias después de que se declarara la contingencia migratoria, pero la realidad es que incluso con la nueva norma las derivaciones aún se realizan a cuentagotas.
El viernes, el Gobierno de Canarias anunció el primer traslado a la península desde la declaración de la contingencia: dos niños y una niña llegados a El Hierro el 15 de septiembre. Según la norma, debían haber sido trasladados en el plazo de 15 días, pero el proceso ha tardado casi un mes. La agilización de esos traslados y la disminución de las llegadas de migrantes deben provocar que la cifra de menores tutelados siga cayendo en los próximos meses y se cierren más centros.
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Menos actividad en la ruta canaria
La reducción del flujo migratorio en la ruta canaria también está ayudando a que los centros se vacíen. Entre enero y septiembre de 2025 llegaron a Canarias 12.878 migrantes por vía marítima, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior. Esa cifra está lejos de los más de 30.000 que llegaron a las costas del archipiélago en el mismo período de 2024.
A eso hay que sumar la salida de los menores que cumplen la mayoría de edad y dejan de estar bajo la tutela de la Administración y los trasladados a la península. Parte de esas derivaciones, que se están realizando a un ritmo muy lento, corresponde a unos 1.200 menores solicitantes de asilo que debían ser atendidos por el Gobierno central, como ordenó en junio el Tribunal Supremo. Sin embargo, la mayoría sigue en algunos de los centros a la espera de su traslado.
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