Canarias sigue esperando la respuesta de Montero sobre el uso del superávit
No hay reacción oficial a la demanda de flexibilizar la regla de gasto a las autonomías saneadas, aunque Hacienda insiste en que la UE lo frenaría
El Gobierno de Canarias sigue a la espera de que el Ministerio de Hacienda le comunique una respuesta a la propuesta de flexibilizar la regla de gasto para destinar los 280 millones de superávit a financiar servicios públicos y aliviar la presión fiscal, en lugar de a pagar deuda.
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No hay de momento un pronunciamiento oficial sobre la denominada «solución canaria», aunque por varias vías el departamento que dirige María Jesús Montero viene advirtiendo de la dificultad de que la Unión Europea permita hacer excepciones a la senda de estabilidad marcada.
Primero fue la propia ministra quien en una conversación de pasillo le adelantó al senador de CC Pedro Sanginés que ve «muy complicado» que Bruselas acceda a la propuesta de Canarias.
Y esta misma semana, a la pregunta escrita del senador de ASG, Fabián Chinea, sobre cuándo tiene previsto el Gobierno responder al requerimiento de flexibilizar la regla de gasto, el Gobierno se limita a señalar que el retorno a la aplicación de las reglas fiscales, que se mantenían suspendidas desde 2020 -primero para hacer frente a la crisis de la pandemia y después para paliar los efectos de la guerra de Ucrania-, deriva de decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión Europea, a las que se ajusta la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
En este sentido, Hacienda recuerda que tanto las reglas fiscales como la ley de estabilidad se aplican «de forma transparente, con criterios homogéneos y conformes al principio de igualdad», por lo que considera que no cabe un trato diferenciado.
Los reparos del Ministerio respecto a la postura de la Unión Europea han sido rebatidos desde el Gobierno canario, que considera su propuesta compatible con la norma comunitaria, en tanto que Canarias no tiene déficit y es la autonomía con menor deuda del Estado, por lo que entiende que no tendría que haber objeción.
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En todo caso, lo que le pide Canarias a Montero es que como mínimo traslade la propuesta a Bruselas y la defienda en los órganos correspondientes, para que las autonomías saneadas puedan destinar su superávit a otros fines prioritarios que no sea pagar deuda.
Dado que aunque Montero lo ve «difícil» no ha dado una negativa rotunda, sumado a que aún no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto, el Gobierno canario confía en que Hacienda finalmente avale la flexibilización de la regla de gasto para las autonomías menos endeudadas.
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Los tempos son también importantes y aunque en un primer momento Canarias apostó por que la autorización para usar el superávit se aprobara a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, ante el retraso de las nuevas cuentas estatales y la posibilidad de que no salgan adelante, la opción que se plantea ahora es que la flexibilización de la regla de gasto se haga mediante la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
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