Canarias recurre al silencio administrativo negativo en Costas por la falta de personal
La sobrecarga de trabajo lleva a que el silencio administrativo sea negativo y los solicitantes tengan que esperar a que se resuelva su expediente
La falta de personal para asumir la sobrecarga de trabajo registrada después de la transferencia en materia de Costas impide a la administración autonómica resolver los expedientes en los tiempos establecidos. Ante esta situación, y para «evitar problemas», el Gobierno de Canarias prepara un proyecto de decreto que modifica el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.
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El objetivo fundamental de esta iniciativa, explica el director general de Costas, Antonio Acosta, es modificar el silencio administrativo, que hasta ahora era positivo, a negativo. Se trata, explica, «de actuar sobre una parte del reglamento para la ejecución de las competencias que estaba ocasionando perjuicio jurídico».
Con las transferencias de Costas, asumidas por la comunidad autónoma en enero de 2023, la administración «se ha sobrecargado muchísimo de trabajo» y una de las principales consecuencias es la imposibilidad de responder a todas las solicitudes en el tiempo fijado, una circunstancia que «genera inseguridad jurídica si el silencio es positivo». Esta situación, recalca, puede provocar incidencias de carácter jurídico que perjudican tanto a la administración como al solicitante.
El Gobierno de Canarias ya ha pedido dictamen al Consejo Consultivo -que rechazó informarlo por vía de urgencia- y considera que el contenido de este decreto va en la misma línea que la establecida en la ley de procedimientos administrativos comunes de 2015, que igualmente plantea que, en caso de que pase el plazo de contestación por parte de la administración, el silencio es negativo.
Reitera Acosta que se produjo un error en el reglamento y que, tras ser detectado por los servicios jurídicos, instaron a modificarlo «para evitar problemas». De esta manera, todos los expedientes dentro del ámbito de Costas se ven afectados por este reglamento y por tanto, «si la administración no responde, no pueden seguir adelante con la iniciativa para la que solicitaron permiso o licencia». El solicitante, agrega el director general de Costas, «no se puede acoger a seguir adelante con una autorización sin que la administración resuelva».
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