Canarias exige más medios al Estado para que los menores salgan en 15 días

La Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, señaló este jueves que el plazo de 15 días establecido en el real decreto ley para trasladar a menores migrantes no acompañados desde Canarias es «suficiente» y su dificultad deriva de una «falta de medios» por parte del Estado.

Estas declaraciones se enmarcan después de que la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, admitiese este martes que es «muy difícil» fijar la edad de los menores migrantes que llegan a las costas del archipiélago en 15 días y entiende que el plazo fijado en la reforma de la ley de extranjería es un «error».

«Lo del real decreto ley es real decreto ley. Es una ley de obligado cumplimiento para todas las partes (...). Lo que hará falta en todo caso será más personal para poder hacer efectivo el cumplimiento de la ley», señaló la consejera regional tras ser preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa ofrecida este jueves.

Delgado señaló que la falta de medios en este procedimiento es una cuestión de la que se viene alertando al Estado desde el «minuto 1», en concreto, desde marzo, cuando se dio luz verde al real decreto. Sin embargo, continuó Delgado, «la ley está para cumplirla y si esta dice 15 días, hay que establecer 15 días».

En ese sentido, invitó al resto de administraciones implicadas en el proceso, entre ellas la Fiscalía, las subdelegaciones y el Ministerio, a incrementar los medios para estas labores, así como ya «hizo el Gobierno regional» de esta comunidad, que «ha contratado 39 personas que hoy se dedican exclusivamente a esta labor».

Además, este jueves entraron a trabajar otras 29 personas de refuerzo contratadas a través de Gestur, informan fuentes de la consejería.

Además, añadió la consejera, «ahora, seguramente, acudiremos a una contratación externa para apoyarnos en aún más personal». Delgado, en defensa del Ejecutivo regional aseguró que la «estructura del Estado es, por su parte, lo bastante potente como para poner personal suficiente y hacer ese trabajo».

«El plazo es suficiente, es falta de medios», insistió la consejera del Bienestar Social.

Por su parte, el PP de Canarias incide en que «la falta de rigor, control y compromiso» del Gobierno de España tras conocerse que tres de los seis expedientes de traslado de migrantes desde las islas han sido suspendidos tras comprobarse que eran mayores de edad. Un hecho que demuestra, según el PP, «una gestión negligente y descoordinada» por parte del ejecutivo central, que «ni cumple con sus compromisos hacia Canarias ni demuestra capacidad para garantizar procedimientos fiables y transparentes en materia migratoria».

En un comunicado, el vicesecretario autonómico de Organización y Comunicación del PP, Jacob Qadri, tacha de «inaceptable» que, «tras meses de anuncios, el Gobierno central no haya sido capaz de verificar con rigor la edad de los migrantes incluidos en los traslados».

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