Barranco Seco, otro Arguineguín pero invisible

A todos los efectos, el Centro de Atención Temporal (CATE) de Barranco Seco debe funcionar como un calabozo y, por tanto, las personas no deben permanecer en este espacio más de 72 horas. «Todo lo que sobrepase este tiempo, es irregular». Así lo afirmó el magistrado y juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, que se ha sumado a las denuncias sobre el funcionamiento de Barranco Seco y a las estancias de inmigrantes que superan no solo el tiempo legal, sino hasta los 10 o 12 días.

Abunda en esta situación Díaz Tejera al indicar que en sus visitas al campamento, que realiza regularmente igual que a otros centros que acogen inmigrantes, ha podido constatar que reciben «tres comidas frías al día, y hemos pedido que al menos una sea caliente y una manta que es insuficiente para la humedad y el frío». En cuanto a las duchas, Daniel Arencibia dice que, «después de algunos días sin funcionar -un inmigrante señaló que estuvo once días sin poder ducharse- ya están arregladas».

Desde el Secretariado de Migraciones de la Diócesis denuncian además la opacidad de la administración. Pidieron por escrito visitar, junto al obispo, estas instalaciones para ofrecer «aliento y apoyo en lo que hiciera falta» pero «no nos contestaron», dice su directora Loli López, aunque «llamaron al obispo para indicarle que no era conveniente la visita por la crisis sanitaria».

La Iglesia se ha dirigido al Defensor del Pueblo para exponerle las condiciones de Barranco Seco. La institución respondió el miércoles indicando que ha pedido a la Delegación del Gobierno que complete la información remitida el 9 diciembre, en la que se apuntaba el carácter «temporal» del campamento, en la que también se indicaba que se habían solicitado instalaciones más sólidas para sustituir las carpas.

A la vista de las quejas recibidas, dice el titular del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, «no parece que la sustitución de las carpas por las otras instalaciones más sólidas se haya producido». Agrega que las inclemencias climatológicas y el alto número de llegadas han provocado un «deterioro notable de las condiciones de vida que han de soportar las personas tras una dura travesía» y resalta que «la inadecuación de las instalaciones las han de padecer también los funcionarios de policía» de servicio en el CATE.

Asimismo, dice Marugán en su respuesta que la administración también le indicó que, una vez realizados los primeros trámites de filiación y registro, «se asignaría un espacio específico habilitado por el Gobierno de Canarias para el aislamiento» las personas que hubieran dado positivo en las pruebas del covid. Pero la Consejería de Sanidad, «no ha dado respuesta a la solicitud de información» al respecto.

Por otro lado, señala que, tal como ocurrió en Arguineguín, «se vuelve a superar con creces el periodo de 72 horas legalmente previsto para mantener a estas personas bajo custodia policial». En este sentido, el juez Díaz Tejera afirma que «todo el tiempo que se supere ese plazo es irregular». Indica que en este espacio permanecen de media unas 200 personas -aunque hay días que alcanzan cerca de 400- que deben pasar la cuarentena y «la pelea ahora es que encuentren un sitio más adecuado». Insiste en que «no peligra su integridad física, pero desde luego, no es le lugar más adecuado para que permanezcan durante días o semanas».

Agrega Daniel Arencibia que «la administración dice que no están detenidos en el CATE y es otra falsedad. Están custodiados por la policía y nadie entra ni sale, a diferencia de lo que ocurre en los hoteles». Cuando lo hacen, añade, se van sin ningún tipo de documentación. Ni siquiera el resultado de la PCR «que es suyo».

La Delegación del Gobierno ha negado todas estas denuncias y, bajo la apostilla de «todo es susceptible de mejorar», insiste en que las personas que se encuentran en Barranco Seco disponen de comida, agua o mantas y rechaza que estén «entre basura».

Desde África, la península o desde las islas. El secretariado de Migraciones de la Diócesis está recibiendo multitud de llamadas «incluso con fotos» de personas que quieren saber el paradero de sus familiares que partieron en patera y de los que desconocen «si están vivos o muertos, si están en un hotel o en un CIE», explica Loli López, la directora del Secretariado. Sin embargo, la respuesta de Interior a una pregunta en el Congreso es que «no existe la obligación de disponer un punto de información a las familias de los inmigrantes que llegan a España», una afirmación que, según Daniel Arencibia, es «falsa» porque está contemplada en el protocolo internacional de personas desaparecidas, además de una «crueldad».