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Casi un año de trabajo, de negociaciones pero, lo más importante, casi un año en el que la preocupación por atender y garantizar los derechos humanos de los miles de niños y niñas migrantes que llegan a Canarias sin familia ha crecido de manera notable. Un año en el que no se ha logrado un acuerdo para dar respuesta a los menores que desembarcan en el archipiélago.
Tras intensas rondas de contactos y reuniones, el martes 23 de julio los 177 votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts hicieron naufragar la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería, la solución planteada para poder dar una acogida digna a estos niños y niñas. El cambio en la norma busca que los menores migrantes que llegan, en especial, a las islas, y a otras zonas en las que los recursos de acogida estén saturados, sean distribuidos entre las comunidades autónomas.
Y es que, en la actualidad, el archipiélago da respuesta en solitario a más de 5.000 menores migrantes, que no parece que se hayan tenido en cuenta durante los últimos meses, convirtiendo la cuestión migratoria en un «enfrentamiento político» entre partidos. Mientras, las previsiones que maneja el Ejecutivo autonómico apuntan a que de aquí a que finalice el año el número de menores pueda ascender hasta los 16.000.
En un año han llegado a las costas del archipiélago 9.097 menores migrantes sin la compañía de un familiar. Algunos han continuado con su ruta migratoria, otros han sido acogidos por familias y una parte ha cumplido la mayoría de edad durante este periodo de tiempo.
Con la creación, en enero, de la Comisión Interministerial de Migraciones, con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente, se comenzó a trabajar en la posibilidad de reformar la ley de extranjería.
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Sara Toj
Se llegó a un principio de acuerdo entre Canarias y el Estado en junio en el que se siguen los criterios de distribución acordados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en 2022. En ellos se establece que la derivación de los menores se hará cuando se exceda el 150% de la capacidad de acogida de un territorio, que en este caso en el archipiélago sería de 3.000. Una vez superado, los niños y niñas tienen que ser distribuidos entre los territorios en un plazo máximo de 15 días. Pero las comunidades autónomas vieron con recelo esta medida al no haber contado con ellas.
Las críticas desde el Partido Popular a nivel nacional, formación que gobierna en conjunto con Coalición Canaria en el archipiélago, resonaron con fuerza. La formación es determinante para que la reforma salga a flote.
Con un acercamiento a la ultraderecha al pedir que se desplegara a la Armada para controlar los cayucos, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo accedió al reparto solidario de menores para este 2024 pese a las amenazas de Vox de romper los pactos autonómicos que tenían, que finalmente fueron disueltos.
Desde el inicio de las negociaciones Canarias defendió el decreto ley para realizar el cambio en la norma porque entra en vigor de manera inmediata. En el Gobierno central se prefería la proposición de ley al entender que el decreto daría «inseguridad jurídica» a los niños y niñas si finalmente este no se convalidaba en el Congreso después de 30 días. La proposición se registró en la Cámara Baja en julio por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria y, tras su fracaso en el Congreso, volvieron las culpas.
Por un lado, el PSOE echó en cara al PP su 'no', mientras que los populares remarcaron que votaron en contra porque no se tuvieron en cuenta las sugerencias planteadas por la formación, como la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar la situación, que se declare la situación de emergencia migratoria o que se garantice la financiación suficiente a las regiones para acoger a los menores.
El mismo día de la votación, Coalición Canaria pidió que no se llevara a cabo la admisión a trámite hasta que no se consiguieran los apoyos suficientes.
Y así las cosas, al día siguiente de fracasar en el Congreso la propuesta de la modificación en la norma, el Ejecutivo autonómico señaló al Gobierno de España y, en concreto, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de haber mantenido la negociación de esta cuestión mediante WhatsApp.
La esperanza de Canarias es que el decreto ley para la reforma de la ley de extranjería se apruebe en el Consejo de Ministros. El presidente de Canarias apuntó que trabajará este mes para llegar a un acuerdo, y el Gobierno de España ya ha tendido la mano para volver a negociar. Si al final se aprobara el decreto ley para el cambio en la norma, también tendría que contar con la ratificación de los partidos políticos en el Congreso. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, trasladó el mes pasado que «hay posibilidad de retomar de nuevo la proposición de ley con carácter urgente». Hay mecanismos, pero ahora se tiene que encontrar la voluntad política.
l mecanismo basado en la solidaridad para acoger a menores migrantes que se ha venido utilizando desde hace años no ha sido suficiente para aliviar la presión en los recursos de acogida de Canarias.
En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en octubre de 2023 se acordó una derivación de 339 niños y niñas que tutela Canarias a otras comunidades autónomas. De los traslados pactados en ese encuentro solo se han realizado 32 en lo que va de año. El Gobierno estatal destinó para la atención de los menores una partida de 20 millones de euros.
En la conferencia celebrada en Tenerife en julio de este año, también se pactó derivar a 347 menores, pero en la actualidad el archipiélago atiende en solitario a más de 5.000. Y su límite de acogida está en 3.000, por lo que se tendría que distribuir a más de 2.000 para poder acabar con la presión en los recursos alojativos.
En enero de este año los recursos de acogida de los que disponía el archipiélago comenzaban a notar la presión. Ese mes, las islas daban respuesta a 4.700 menores migrantes en 66 espacios alojativos, y el número fue incrementando. Se abrieron más centros a la par que llegaban más niños y niñas a las costas del archipiélago, llegando a los 80 recursos que hay ahora mismo operativos.
La incesante de llegada de migrantes, entre los que cada vez hay más jóvenes, ha hecho que en algunos momentos no se haya podido garantizar una acogida digna para ellos. Resuena, por ejemplo, el caso del centro Casa del Mar, en Lanzarote, que superaba tres veces su capacidad y presentaba malas condiciones (cucarachas y suciedad, entre otras).
La falta de inmuebles para dar una atención adecuada a los menores y la dificultad a la hora de encontrar personal cualificado para ocuparse de ellos, ha hecho que se hayan tomado medidas «excepcionales». El Ejecutivo regional solicitó al ministerio de Defensa el uso de instalaciones militares en desuso para acoger a niños y niñas, pero esta petición se desestimó. También se ha estudiado la posibilidad de rehabilitar centros educativos para alojar a estos niños y niñas.
La medida más polémica es la instalación de carpas en los muelles para dar una primera atención a los niños y niñas que llegan. Aunque desde el Ejecutivo alegan que se trata de algo temporal para estar preparados, la propuesta cuenta con el rechazo de la fiscalía de Extranjería desde el inicio.
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Carlos Nieto y Josemi Benítez
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