El ascenso galopante de la factura eléctrica es uno de los grandes fallos del Gobierno de Pedro Sánchez, máxime cuando entre las prioridades del Partido Socialista y Unidas Podemos estaba la configuración de un sistema energético que contuviese el precio de la luz, que no golpease al segmento social con menor poder adquisitivo y que acelerase la transición hacia un modelo sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Todo eso ha quedado en agua de borrajas, sin que nadie asuma responsabilidad política alguna y sin que se haya puesto sobre la mesa una hoja de ruta para buscar remedio a corto o medio plazo.
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Lo único que ha hecho Pedro Sánchez es fiarlo todo a un acto de fe: esta semana ha prometido que a final de año los consumidores pagaremos el precio de la luz con cifras similares a las de 2018, pero sin detallar cómo pretende hacerlo. También prometió que la escalada en el coste se contendría con la rebaja de la imposición y ya se ha visto que el resultado ha sido exactamente el contrario. Siempre queda el recurso fácil de culpar a las compañías eléctricas, que es evidente que buscan lo mejor para su cuenta de resultados. Pero ese ejercicio de culpar a terceros no impide mirar hacia el Gobierno, y en concreto hacia el Ministerio de Transición Ecológica, con Teresa Ribera al frente, quien tiene además rango de vicepresidenta tercera. Sus cambios en la metodología de cálculo del coste energético y la articulación de un modelo tarifario que diferenciaba por horas no han dado el resultado deseado. Está siendo, para ser exactos, un completo fracaso y ese encarecimiento galopante es un pesado lastre para la recuperación económica, sobre todo para autónomos y pequeñas y medianas empresas, así como para las familias más golpeadas por la crisis derivada de la pandemia.
A todo esto hay que añadir que la transición ecológica, tan necesaria ante la crisis climática, tropieza todavía con numerosas trabas. Apostar por las energías limpias en el ámbito empresarial y particular obliga a un ejercicio de paciencia ante el cúmulo de trabas, que se incrementan en el caso de Canarias por la pluralidad de agentes públicos que intervienen.
Con todo ello, el curso político recién iniciado debe buscar una solución urgente a este problema. Y es obligación del Gobierno hacerlo, porque si el sector juega a distorsionar los precios, la administración cuenta con mecanismos para corregirlo y sancionar. Pero esperar que la climatología cambie el precio de la luz no es, ni mucho menos, la salida.
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